El nacimiento de un derecho vaciado que corre el riesgo de debilitar otros

Como ya escribíamos hace días en otro medio, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una buena noticia. Lo es en tanto en cuanto reconoce un nuevo derecho ciudadano y eso siempre es positivo. No obstante, considerarlo una buena nueva no significa que vayamos a celebrarlo o a asumirlo sin crítica o matiz. No es un secreto que la apuesta que hacemos, que compartimos con muchas personas y que hemos manifestado por activa y por pasiva, es por la Renta Básica Incondicional. Una apuesta que, de una vez por todas, consiguiera acabar con la pobreza y que, de verdad, transformase la garantía a la existencia material en un derecho con mayúsculas.

Porque si el objetivo es acabar con la pobreza o, al menos, prevenirla, el IMV no solo debería ser más generoso en su cuantía, sino que además debería permitir sacar a la gente de la misma y no perpetuarla. Porque con 1.015€ al mes una familia de 2 personas adultas y 2 criaturas sigue siendo muy pobre. Porque quien con 462€ al mes pague el alquiler, los gastos fijos de cualquier vivienda y encima llegue a fin de mes, merece, más allá del IMV, un monumento. Es fundamental que las prestaciones se acerquen a las cuantías que establecen los umbrales de la pobreza si realmente queremos que cumplan con los objetivos que dicen las leyes que lo regulan. Mientras no se haga, lo honesto sería reconocer que el IMV, al igual que la RGI, solo están para contener la peor cara de la pobreza, no para erradicarla ni mucho menos para prevenirla (para lo que habría que actuar ex ante y no una vez la persona ya ha “caído”).

Una vez dicho esto, creemos que es importante poner la mirada sobre algunos aspectos lesivos del IMV que tienen como consecuencia directa el vaciamiento de un derecho desde su mismo nacimiento. Esto es todavía más grave para las personas que aquí vivimos, ya que se materializa en un ataque a la línea de flotación del espíritu con el que nace el reconocimiento en el año 2008 del derecho de la ciudadanía vasca a contar con un mínimo de ingresos (a través de la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social).

Y es que, de forma absolutamente consciente, el IMV aprobado el pasado viernes 29 de mayo, toma como referencia la RGI. Lo cual no debería ser malo per se si se utiliza para mejorar el camino que Euskadi ha transitado durante los últimos 30 años, pero sí lo es, si se utiliza para legitimar gran parte de los intentos por vaciar el derecho y las “malas prácticas” de Lanbide. Y a la hora de la verdad, observamos que este IMV “compra” y “legitima” una parte importante de los elementos más lesivos de la reforma que ya pusieran sobre la mesa el PNV y el PSE en la recién finalizada legislatura.

En aquel momento, y desde otra posición, rechazábamos la propuesta porque en el primer orden de una norma supuestamente protectora se colocaba la criminalización de las personas perceptoras con un nivel de inseguridad jurídica que sería inconcebible en otro ámbito legal. Y, lógicamente, seguimos rechazando estas prácticas y además extendemos esta crítica sobre el Real-Decreto Ley del IMV. Y lo hacemos porque el IMV podrá imponer sanciones a personas sospechosas de haber cometido fraude (no culpables, ¡ojo!) y porque contempla 46 menciones a desarrollo del reglamento en tan solo 37 artículos. Esto significa que las personas que la empiecen a cobrar a partir del mes de junio no sabrán qué obligaciones tienen. Significa también, que muchas de las que lo pidan no sabrán a ciencia cierta si cumplen o no los requisitos y que, por lo tanto, se puedan generar cientos de pagos indebidos, errores y falsas expectativas que impactan sobre la capacidad de resistencia de mucha gente que ya lo está pasando suficientemente mal. Y eso es perverso pero, sobre todo, es reproducir un modelo que Lanbide implanta con éxito porque no busca acabar con la pobreza de las personas, sino contenerla a la vez que contiene a las propias personas y les aprieta lo suficiente como para que sientan el peso de la caridad en lugar de la libertad del ejercicio de un derecho.

Pero esto no acaba aquí. El IMV finalmente aprobado limita (a diferencia de lo que hacían los borradores anteriores a la aprobación), al igual que Lanbide, a dos las prestaciones posibles a percibir por vivienda y, a no ser que futuros reglamentos no digan lo contrario, asienta y afianza la propuesta absurda de que si dos personas comparten casa para poder pagar los obscenos precios de la vivienda constituyen una unidad de convivencia de cara a las prestaciones aunque no tengan ningún vínculo más allá de compartir el baño y la cocina.

Y además recoge un sistema sancionador que, al igual que la propuesta del PNV y el PSE, en el momento de castigar a las personas que la cobran se olvida del objetivo de la ley de prevenir y proteger volviéndose profundamente punitiva. Muy difícil será que quien cometa un error en su vida levante cabeza con estos castigos que se les van a aplicar. Sería interesante comparar la proporción de las sanciones que se imponen en las rentas mínimas con aquéllas que se imponen a quienes defraudan a Hacienda. Porque la realidad es que por mucho que la intención pueda ser positiva, si la gestión queda de manos de Lanbide no podemos más que ponernos en lo peor y pensar que los despropósitos, los abusos y las prácticas “de control” que ponen por delante de la protección seguirán manteniéndose. Ahora, para más inri, con un mayor respaldo legal.

Pero sobre todo nos preocuparía que el gobierno y los partidos políticos se traguen sin crítica y sin enmienda una propuesta que refuerza el mensaje de que son las personas individuales las responsables de su pobreza y no víctimas de un sistema excluyente que precisa de ellas para sostenerse y que, por lo tanto, tiene la responsabilidad de protegerlas. Nos preocupa que esta propuesta venga a respaldar la impunidad de Lanbide que cada vez campa a sus anchas de forma más incontrolable e incontestable. Nos preocupa que quienes, acríticamente, den el visto bueno en breve a esta propuesta legitimen los argumentos para que en Euskadi retrocedamos en derechos y, una vez más, la pandemia termine cargando sobre los hombros de quien peor está las consecuencias de la crisis.

*Julen Bollain es economista e investigador en Renta Garantizada y Tinixara Guanche es trabajadora social.Julen BollainTinixara Guanche