Por si estuviésemos ya de precampaña

Con esta incertidumbre política tan original en la que nos encontramos, no estará de más que vayamos recapitulando sobre cuestiones que podrían ayudarnos a decidir nuestro voto, si como todo apunta, somos llamados/as, de nuevo a las urnas el próximo 26 de junio. Las encuestas, incesantes desde que se conoció el mapa político sui generis resultante tras el 20D, siguen dando una mayoría minoritaria al Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, a pesar de sus continuos dislates personales y de esa lacra de corrupción inasequible al desaliento que se ha pegado irremediablemente a las siglas del partido.

Creo necesario, por tanto, detenernos en alguna de las cuestiones que han sido joyas de la corona de los populares en estos últimos años. Por ejemplo, su obsesión por disminuir el gasto público, a costa de abocar a la ciudadanía española a las medidas más austericidas que haya podido conocer ningún otro país europeo. “Nunca es bueno gastar más de lo que se tiene. Porque ese dinero que se quiere gastar y no se ingresa hay que pedirlo prestado. Si no nos lo prestan no podrá gastarse”, decía hace un tiempo el presidente en funciones, con esa lógica tan rajoyniana, paradima de lo inescrutable.

De esta forma, justificaba el volumen de recortes aplicables a las administraciones públicas españolas en sus distintos ámbitos (local, autonómico y nacional). Casi unos treinta y un mil millones de euros de caída del gasto público en 2014, respecto a 2009, lo que ha supuesto una caída de tres puntos del PIB del gasto consolidado total, según se desprende de un reciente informe editado por las CCOO en sus Cuaderno de Acción Sindical [1].

Traigo a colación este documento porque, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, cuando nos fijamos en los datos que revelan los presupuestos de las administraciones, el estudio de CCOO coloca el foco de atención en el gasto público liquidado, el realizado en realidad y consignado por la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Dicho en román paladino, en vez de analizar las intenciones de gasto del partido de turno, se constata el efectuado finalmente. Y resulta revelador, ya que a diferencia del presupuestario, que genera gran atención mediática, este otro suele quedar ceñido a los hurones de biblioteca o administrativos pendientes de ascenso.

Volviendo a los mensaje-fuerza del PP, junto al ya mencionado de cuidarnos de gastar por encima de nuestro bolsillo, Rajoy puso de moda el de culpabilidad general por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. La estrategia era clara: había que llamar a la austeridad desde el convencimiento inducido de ser la pena impuesta por nuestra prepotencia vivencial. Y si el mecanismo fallaba, siempre estaría Europa, agente racional que nos recordaría el camino correcto.

Y la estrategia no falló: España consiguió recortar más de 71.000 millones de euros de gasto público, lo que provocó elogios de la 'Troika', convenientemente amplificados por la maquinaria propagandística popular. Faltó poco para proponer al presidente Rajoy como alumno aventajado de las medidas austericidas europeas.

Sin embargo, la lectura ciudadana fue otra muy distinta: una sociedad acorralada por el costreñimineto del mercado laboral, observaba atónita a un Estado que en vez de actuar como agente regulador y proveedor de servicios públicos esenciales –educación, sanidad, protección social- se reducía al mínimo y fomentaba la privatización a ultranza de esos mismos servicios.

Hablando de Educacion, por ejemplo, en el periodo 2009-2014 se redujo el gasto en más de 7.300 millones €, similar al producido doce años atrás, en 2002. Un análisis por capítulos de los recortes educativos coloca en primer lugar la retribución de los/as trabajadores/as, afectada tanto por la merma salarial (en torno, a un 5%) como por la disminución de los contratos de trabajo (pérdida de 18.000 docentes). Otros capítulos duramente afectados por los recortes populares han sido el de la inversión (construcción de entros y equipamiento), con más del 70% recortado y el de consumos intermedios (transporte y alimentación del alumnado, energía, limpieza,…, en torno al 35% de recorte en equivalencias actuales).

En este sentido llama poderosamente la atención que la política de recortes practicada por el PP no sea equivalente en las dos redes educativas. Los datos señalados hasta ahora chocan frontalmente con el recorte del 1% que sufre la enseñanza concertada en este periodo (en datos absolutos se pasa de una inversión de 7.090 millones € en 2009 a los 7.007, en 2014, apenas 83 millones menos). Añádase a estos datos el que la atención prioritaria del alumnado con mayor diversidad multicultural y menor contexto sociocultural se hace principalmente en la red pública educativa y obtendremos el cóctel actual de la desigualdad de oportunidades que puede plasmarse para cientos de miles de alumnos/as en este país, según la red educativa en la que se formen.

Así se explican las palabras que Ramón Górriz[2] exponía en la introducción del informe citado: “La gestión neoliberal llevada a cabo por los Gobiernos ha optado por la reducción del peso de lo público en la economía en estos años. Los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea, el cumplimiento de la consolidación fiscal y la reducción del déficit, han tenido como resultado un crecimiento de la desigualdad y de la pobreza y un grave deterioro de los servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales, que están sufriendo la mayoría de los ciudadanos.”

Por eso no extrañan las palabras de afecto y agradecimiento que el actual presidente en funciones dedicó a “algunos” españoles: “Permítame que haga un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios”. Lógicamente no se estaba refiriendo a los/as afectados por estos recortes del gasto público.

[1] “Geografía de los recortes”. Abril, 2016

[2] Secretario confederal Acción Sindical CCOO