Transnacionales y criminalización de la protesta

Recientemente, delegaciones de distintos países latinoamericanos y europeos compartíamos reflexiones sobre la guerra y el nuevo escenario posible que se abre con los acuerdos de paz en Colombia. Esto ocurría en una pequeña comunidad embera, cerca de la ciudad de Medellín. En esa situación, las autoridades tradicionales nos sorprendían cuando señalaban que hablar de ordenamiento territorial da a entender que es necesario ordenar la tierra. Sin embargo, la naturaleza siempre estuvo ordenada, en equilibrio. Nos decían que es el sistema dominante quien la ha desordenado; luego, lo importante, lo urgente, es “ordenar” el sistema que impacta negativamente contra los territorios, contra los derechos y contra la vida.

Es un hecho escasamente reconocido que en demasiadas ocasiones, las palabras más sabias no necesariamente se encuentran en los seminarios académicos ni en las grandes conferencias mundiales de economistas o políticos. Por el contrario, la experiencia de cientos, miles de años de comunidades y pueblos a lo largo del planeta es la que se traduce en verdadero conocimiento, tal y como las palabras de más arriba nos transmiten. Es el sistema el problema, pues es éste el que está ocasionando desequilibrios, injusticias, explotaciones sin fin, empobrecimiento para las grandes mayorías, aumento de las brechas de desigualdad, machismos y feminicidios o el cambio climático. Son éstas, junto con otro largo etcétera, algunas de las consecuencias más graves que hoy sufrimos, pero la causa, por mucho que se nos trate de ocultar reside en ese sistema dominante que prima los intereses y beneficios económicos de las élites por encima de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y pueblos, reprimiendo además la protesta cuando ésta se produce. Se nos sigue queriendo mostrar, en el mejor de los casos, solo el dedo (consecuencias) para que no podamos ver la luna (causas).

Se presenta en estos días el informe titulado 'Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala'. En el mismo, se evidencia, a través del caso paradigmático de este país centroamericano, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas élites y estructuras. Así mismo, este informe deja patente cómo el estado, a través de los sucesivos gobiernos y en el marco del sistema capitalista neoliberal, hace dejación permanente de su obligación de protección y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, de las grandes mayorías, pero de forma especial de los pueblos indígenas, campesinos y de sus derechos sobre los territorios que habitan.

Esta investigación e informe consiguiente toma como centro el caso de Guatemala por ser el paradigma de este tipo de actuaciones y procesos en todo el continente latinoamericano. De alguna forma, se podría decir que desde los Acuerdos de Paz (1996) que pusieron fin a la larga guerra en este país, se fueron poniendo las bases para el asentamiento del sistema que hoy definimos como neoliberal. La liberalización y privatización de sectores estratégicos, junto al dominio absoluto de los mercados y sus intereses por encima de la política y de las necesidades de las grandes mayorías, son piedras angulares que abrirán y entregarán el país a transnacionales energéticas, mineras, agroindustriales, etc. Guatemala es un país barato y los ingentes beneficios de la explotación de la biodiversidad y otros recursos naturales hacen de este territorio un espacio fácil y cómodo para esta actividad sin control y para el beneficio de todo tipo de transnacionales.

Cuentan, desde el principio con la facilidad que da la liberalización de sectores estratégicos (aguas, tierras, hidrocarburos, riquezas minerales…) y, por lo tanto, fáciles de apropiar y explotar por estas estructuras económicas. Cuentan con la oligarquía local que desde sus ámbitos de dominación social y, sobre todo, institucional y legislativo, se convertirán en aliados inmejorables para la entrada y asentamiento de estas transnacionales. Y cuentan con el apoyo del estado que no impone sino irrisorios impuestos a la explotación y aprueba las leyes necesarias que les dan cobertura legal y, cuando es necesario, articula procesos de criminalización contra la justa protesta social de comunidades y pueblos que demandan la defensa de sus territorios y de una vida digna en los mismos. A partir de ahí, líderes y lideresas, autoridades tradicionales y comunidades serán difamados, estigmatizados, acusados y perseguidos hasta su encarcelamiento o muerte, todo ello con el fin de acabar con la protesta.

Así, los casos analizados en el informe mencionado, que tienen como protagonistas a empresas españolas, se convierten en paradigmas de las actuaciones de la práctica totalidad de transnacionales y oligarquías locales en la globalidad de Guatemala. Porque, desgraciadamente, no es posible concluir que esos casos son la excepción, sino que por el contrario se puede afirmar que son una constante en el país y en el marco de acción del sistema neoliberal hoy dominante. Y por esto último, debe de entenderse también que estas prácticas tienen un ámbito territorial que traspasa las fronteras de un estado determinado, para alcanzar cuando menos también el ámbito continental. El sistema económico y político hoy preponderante en la gran mayoría de América Latina hace que lo que este informe presenta como caso Guatemala, fácilmente podría entenderse como caso Perú, Colombia, Brasil o Argentina.

Todo ello porque las condiciones globales que hoy se convierten en dominantes tienen que ver con la liberalización absoluta (desregulación) del comercio y las finanzas, con la privatización de muchos de los sectores que hasta entonces habían sido responsabilidad pública, es decir, del estado, con las grandes y rápidas disminuciones (recortes) del gasto social, con el arrinconamiento del estado a un papel de mero gestor de las decisiones macroeconómicas que tomarán ahora los mercados o élites económicas. Tiene que ver también con los ataques constantes y cooptación de los sindicatos y la disminución de la capacidad de presión de las y los trabajadores, así como con la constante precarización del trabajo y del descanso. Por ello, si hablamos de las consecuencias más visibles e inmediatas de estas políticas neoliberales hablaremos de la precarización de la vida o, dicho con otras palabras, del empeoramiento evidente de las condiciones mínimas para una vida digna de las grandes mayorías. Por contra, y en paralelo, se produce un aumento exponencial de los privilegios y beneficios de unas élites cada vez más enriquecidas. Es la llamada acumulación por desposesión (D. Harvey) y el aumento enorme de la brecha de desigualdad, inequidad y las pérdidas de derechos sociales, laborales y políticos de esas mayorías, aunque siempre con un acento de gravedad en las mujeres.

Así el correlato de este nuevo marco brevemente descrito más arriba, serán países y sociedades que traspasan la puerta hacia el siglo XXI, como se suele decir popularmente, con su entrega barata, regalada, a las transnacionales que entrarán a operar en todos ellos sin ningún control por parte del estado y llevándose ingentes beneficios ya que no pagarán prácticamente impuestos ni sus inversiones se traducirán en mejoras de las condiciones de vida de las mayorías. La otra cara de esta misma moneda será la concentración, más si cabe, del poder político y económico. Y los propagandistas de este sistema seguirán diciéndonos que no es para tanto, que debemos mantenernos en nuestra burbuja de cierto bienestar; en suma, que es mejor que sigamos mirando el dedo para no ver la luna. Pero la luna está ahí fuera, solo hay que salir.

*Jesus González Pazos es miembro de la organización Mugarik Gabe