¿Quién es Alfredo de Miguel? El enigma del efecto de la corrupción en los votantes vascos

Aitor Tellería y Alfredo de Miguel, muy serios, este lunes en el juicio

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Desde junio de 2019, tres tribunales vascos han emitido otras tantas sentencias condenatorias por casos de corrupción contra excargos del PNV. La primera, cuatro años y medio de cárcel para el que fuera alcalde de Getaria por el saqueo del museo Balenciaga dedicado al genio de la moda. La última, siete años de cárcel al exdirector de Hacienda de Gipuzkoa y exsenador Víctor Bravo por un triple delito fiscal. Entre medias, la Audiencia Provincial de Álava emitió el fallo del mayor caso de corrupción conocido en Euskadi, el denominado 'caso De Miguel', que se ha saldado con elevadas penas para exdirigentes nacionalistas en Álava como Alfredo de Miguel, 'número dos' del Araba Buru Batzar, y excargos institucionales como Xabier Sánchez Robles. ¿Tendrá todo esto incidencia en las urnas? ¿Conoce la ciudadanía quién era De Miguel y por qué ha sido condenado?

Una reciente encuesta preelectoral de Celeste-Tel para eldiario.es mostraba que un 43,3% -con diferencia la opción más mayoritaria- consideraba que el Gobierno de Urkullu había actuado "mal" o "muy mal" en torno al 'caso De Miguel', que implicó una trama para el cobro de comisiones ilegales y manipulación de adjudicaciones públicas. Solamente un 14,9%, en cambio, pensaba que se había gestionado "bien" o "muy bien". Pero los fríos porcentajes encierran algunos matices. Por un lado, entre los votantes del PNV la tendencia es la contraria: únicamente el 17,9% censura el 'caso De Miguel' por un 33% que se van al "bien" o "muy bien". Por otro lado, la exigencia contra la corrupción es muy diferente por edades. Entre los jóvenes apenas un 4,3% aplaude la gestión de este caso y un 73,9% la censura. Entre los mayores de 65 años ese "mal" o "muy mal" cae hasta el 26,8% y casi igual al "bien o muy bien" (23,7%).

En la legislatura, también florecieron las denuncias de filtraciones de exámenes en las exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para beneficiar a candidatos muy concretos cercanos a los autores de los exámenes y jefes de servicio de los hospitales. El caso -ahora bajo investigación judicial- se ha llevado por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, y a buena parte de su equipo al tiempo que la versión oficial siempre haya negado que hubiera "elementos objetivos" de las irregularidades. De hecho, el Departamento de Salud encargó una investigación interna cuya principal conclusión era precisamente ésa, que no había "elementos objetivos". "Esto no es Venezuela", llegó a clamar Darpón.

Sin embargo, en las conclusiones de la investigación interna se omitieron horas de grabaciones con opositores y miembros de tribunales en las que muchas voces hablaban de una OPE manipulada y de que, incluso, ése era un problema recurrente en las convocatorias de la Sanidad vasca. En un primer momento, Osakidetza no entregó ese material adelantado por este periódico a la Fiscalía y solamente más adelante se incorporó a la investigación judicial. Según la encuesta, también un 44,4% considera que el Ejecutivo de Urkullu ha actuado "mal" o "muy mal" en este asunto por solamente un 10,8% que da el visto bueno a la gestión de Osakidetza, casi todos votantes del PNV. Nuevamente, a más edad, mejor consideración de lo ocurrido. 

Roberto Sánchez es médico anestesista de Osakidetza y fue uno de los denunciantes del caso junto a sus colegas Marta Macho y Manoel Martínez. Ellos pusieron cara y voz a lo que otros muchos, por temor, escribían por 'whatsapp' o comentaban en llamadas con número oculto o buzones de correo anónimos. No es usual que los denunciantes quieran dar la cara. Las represalias son habituales, como reconoció en el juicio del 'caso De Miguel' la mujer que llevó a la Fiscalía las primeras grabaciones que probaban que el pago de mordidas era algo "dentro de lo normal", Ainhoa Alberdi.

Sánchez cree que lo de la OPE era 'vox populi' en los pasillos de los hospitales y que es un problema estructural que se ha repetido en la historia. Pero cree también que en Euskadi existe un "efecto Borbón" o "efecto Pujol" por el cual hay un interés en no poner la corrupción, el fraude o las irregularidades en el centro de la agenda política aunque sean "una evidencia". "En Euskadi no hay absolutamente ninguna influencia de una corrupción que evidentemente existe, aunque sea de bajo nivel y contratando a empresas amigas. Todavía no hay una conciencia social", abunda un ex alto cargo de la Administración vasca que ha conocido de primera mano varios de los casos más relevantes de los últimos años. En el mapa se recopilan la mayoría de asuntos contemporáneos.

En Euskadi no hay Fiscalía anticorrupción, aunque sí desde 2019 un delegado para delitos económicos, José Manuel Ortiz. La unidad especializada de la Ertzaintza es muy reducida, no más de una decena de agentes y con pocos medios. En el Parlamento, en esta legislatura, el Gobierno no ha sacado adelante la prometida Ley de Transparencia. Desde la oposición, Elkarrekin Podemos no concitó apoyos para sacar adelante una normativa que protegiera a los "alertadores" de posibles represalias. "Parece que, según el color que tenga la corrupción, hay más o menos voluntad para detectarla y denunciarla", lamenta la proponente y exparlamentaria, Cristina Macazaga, que subraya que el PNV sí ha apoyado iniciativas similares en las Cortes Generales. Mientras, EH Bildu vio retrasada por un recurso en bloque de las tres diputaciones una propuesta para crear una oficina anticorrupción que ahora retoma en campaña y de cara a la siguiente legislatura.

La Cámara sí que acometió una comisión de investigación sobre el fraude en la contrata de comedores escolares públicos entre 2003 y 2015, destapado por la Autoridad Vasca de la Competencia y refrendado por el Tribunal Superior de Justicia. Un grupo de empresas (tres del grupo MCC, Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica) se repartieron durante años los diferentes lotes comarcales del mayor contrato de Educación, lo que supuso un sobreprecio de unos 80 millones de euros, según el dictamen de esa comisión aprobado con los votos de la oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP fueron de la mano mientras que los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, se posicionaron en contra. En esos años hubo consejeros de EA (EH Bildu) como Anjeles Iztueta o Tontxu Campos, socialistas como la ahora ministra Isabel Celaá -que siempre ha negado cualquier responsabilidad- y la todavía titular de Educación por el PNV,

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Publicado el
4 de julio de 2020 - 00:07 h

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