El cártel de empresas que manipuló contratos en Adif facturó 2 millones de euros en Euskadi
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapó la pasada semana un cártel de hasta 15 empresas que se repartían tres tipos de contratos de la sociedad estatal de infraestructuras ferroviarias (Adif), los de electrificación y mantenimiento del AVE y, en tercer lugar, los de mantenimiento de las líneas convencionales, para maximizar sus beneficios hasta en un 20%. En este último caso, se ha descubierto que se manipularon “al menos” 239 licitaciones y que las irregularidades se originaron en 2002, según las pruebas recopiladas por la CNMC. Se da la circunstancia de que el primer contrato de esa larga lista era una adjudicación en Irún.
La documentación de la CNMC muestra a las claras que el cártel conformado por las empresas Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc, además de por Alstom, que denunció los hechos y colaboró con la investigación operó en toda España y también en Euskadi. Fueron ocho las licitaciones en las que se interesó este grupo de empresas. El cártel resultó adjudicatario en cinco de ellas y facturó casi 2 millones de euros [VER TABLA ADJUNTA]. A ello habría que sumar otros contratos no territorializados correspondientes a la zona Norte de Adif, que engloba un ámbito territorial más amplio.
Según fuentes de la CNMC, la falta de competencia entre las empresas -o la simulación de ella en concursos manipulados- elevaba de manera clara el coste real del servicio, hasta en un 20%. Ese sobrecoste habría sido de 400.000 euros en Euskadi, teniendo en cuenta esa cifra. El organismo de control explicó que tras esta investigación activará por vez primera un mecanismo legal previsto desde hace unos años en España y que podría suponer la prohibición de que estas empresas vuelvan a contratar con la Administración.
La vocal de la CNMC y expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, ya planteó esta posibilidad en una entrevista con este periódico al hilo de otras investigación como el cártel de los comedores de la escuela pública vasca o el de las contratas de basuras, que operó en toda España. Canedo ha emitido un voto particular a la resolución sobre las contrataciones de Adif, que se resuelve con multas de hasta 118 millones a las empresas y 666.000 a los directivos. Canedo, sin embargo, estima que la sanción no puede ser equivalente al beneficio ilícito ya que, además, ha de ser “disuasoria”. “Y para que una multa sea disuasoria resulta imprescindible que sea sensiblemente superior al beneficio ilícito”, sostiene Canedo.
