El Gobierno saca adelante una mínima parte de la treintena de leyes comprometidas

El lehendakar, Íñigo Urkullu, en una comparecencia pública.

El nuevo curso político vasco que arranca este viernes con el tradicional Consejo de Gobierno en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, llama a la puerta con muchos temas de alto voltaje político: el efecto de las elecciones catalanas del 27-S, la ponencia de autogobierno para buscar una actualización del Estatuto de Gernika, las elecciones generales a final de año, entre otros temas, incluido todo lo relacionado con la memoria y el final ordenado del terrorismo de ETA.

La (in)capacidad legislativa del Gobierno de Urkullu

La (in)capacidad legislativa del Gobierno de Urkullu

Pero también será el reinicio de la actividad parlamentaria -aunque se habilitó, a petición de los socialistas, el mes de julio para la tramitación de una iniciativa legislativa tan importante como la Ley Municipal (Euskadi es la única autonomía sin una norma para la realidad municipal- y del trabajo gubernamental en materia de proyectos de ley, que lleva cierto retraso. El Gabinete de Urkullu aprobó su programa legislativo, más tarde de lo habitual y tras comprometerse en las sesiones parlamentarias del 2 y el 8 de mayo de 2013, no sin recibir un tirón de orejas de la oposición por el retraso. En su programa, el Ejecutivo se había comprometido en unos plazos determinados a elaborar 29 proyectos de ley, pero a estas alturas de la legislatura y con poco más de un año por delante para convocar las elecciones autonómicas de 2016, no está tan claro que esa treintena de proyectos de ley acabe publicada en el Boletín Oficial del País Vasco tras su paso por la Cámara.

A día de hoy, el Gabinete del lehendakari, Íñigo Urkullu, ha visto aprobadas un total de 18 leyes, incluidas los dos proyectos de leyes de Presupuestos -tras tener que retirar la primera por falta de apoyos- y un decreto legislativo para adaptar la reforma de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (a iniciativa de las juntas generales de Álava). Pero su programa legislativo eleva la producción final a un total de 29 leyes. Así que aunque técnicamente son 18, en realidad la producción legislativa como tal se reduce a quince proyectos de ley. El Gobierno ha logrado la aprobación de la cuarta parte de las 12 leyes remitidas al Parlamento.

Y en algún caso, las leyes aprobados han venido acompaadas de sustos que no preveía, como ha ocurrido con la Ley de Vivienda, la de la Custodia Compartida y la ley sobre el Fracking, dos leyes estas últimas que nacen de la sociedad civil a través de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) con un aval de 85.000 firmas en el caso de la custodia compartida y de 103.000, en la del fracking. En el caso de la Ley de Vivienda, el Ejecutivo vasco ha mostrado una gran preocupación por el impacto que pueda tener en las arcas públicas (se ha llegado a hablar durante su tramitación en el Parlamento de más de 700 millones), como por el efecto llamada que pueda tener en el resto de España y de la Unión Europea que su portavoz, Josu Erkoreka, dijo que era "inviable" y que provacaría un "efecto llamada masivo".

Junto a ese impulso de la sociedad, está también el de la oposición. Según las cuentas de los socialistas vascos, el Ejecutivo ha sacado adelante únicamente tres leyes de las 15 aprobadas -el PSE no contabiliza ni los dos Presupuestos al no ser propiamente propuestas legislativas, ni la de las juntas de Álava-. Esto es, "solo la quinta parte de la nueva legislación es a iniciativa del Ejecutivo", precisan los socialistas, mientras que la mitad de las normas aprobadas llevan la firma socialista (cuatro en exclusiva) o la comparten (en otros tres casos). Junto a las ya enunciadas, se han aprobado en la Cámara también la Ley de Derecho Civil Vasco (aprobada el 25 de junio a iniciativa del PSE, PNV y PP), la Ley de Contaminación del Suelo (aprobada el 25 de junio iniciativa del Gobierno y con el apoyo de todo el arco parlamentario), la Ley de Política Agraria Alimentaria (aprobada en junio pasado a iniciativa del PSE), la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (a iniciativa del PP), la Ley de Creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (a iniciativa de PNV y PSE, aprobada en 2014), Ley del Plan Vasco de Estadística 2014-2017 (a iniciativa del Gobierno y aprobada por unanimidad, aprobada en 2014), la Ley de modificación de la Ley de Suelo y Urbanismo (a iniciativa del PNV y PSE, aprobada en 2014), la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Confictos de Intereses de los Cargos Públicos (a iniciativa de los socialistas y aprobada en 2014), la Ley de derogación de la Ley de Declaración del 25 de octubre como Día del País Vasco-Euskadiko Eguna (a iniciativa del PNV y con el apoyo de EH Bildu), la Ley de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (a iniciativa del PSE y aprobada en 2013 con la abstención parcial de Bildu y UPyD) y, finalmente, la Ley de medidas sobre las pagas extraordinarias del año 2013 (a iniciativa del Gobierno y con la abstención de toda la oposición al entender que era innecesari).

Mendia: "resolver problemas"

La líder del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido en una entrada en su blog, que el Gobierno "se autoimpuso un calendario que es evidente que no ha cumplido" y no "hace más que poner nuevas fechas a lo ya corregido con anterioridad e incluir las leyes de Transparencia y del Sector Publico Vasco que los socialistas le hemos exigido que remita al inicio del próximo periodo de sesiones".

Pero esto ya es el pasado. Los plazos apremian. El Gobierno tiene en cartera, en algunos casos, proyectos de ley bastante adelantados, como la Ley de Policía, la Ley de Turismo, la Ley de Formación Profesional o la Ley de Empleo Público. Alguna de ellas ha sido noticia este verano por el varapalo recibido por la Autoridad Vasca de la Competencia, es el caso de la Ley de Turismo. La oposición, por su parte, tiene en tramitación siete, a la que se sumará este otoño la que llevarán los socialistas vascos a la Cámara: la anunciada proposición de ley para reformar la Ley de Territorios Históricos (LTH) ante la "desidia" del Ejecutivo en este asunto.

Por eso Mendia advierte de que las prisas no son ahora buenas consejeras. "Arrojar ahora al Parlamento las leyes no trabajadas en los tres años anteriores sin gestar acuerdos y sin fijar horizontes puede ser efectista, pero no resuelve problemas", advierte la líder de los socialistas vascos.

La oposición considera que ya ha puesto las prioridades sobre la mesa, ahora le toca al lehendakari Urkullu y a su gobierno plantear las suyas. En negro sobre blanco para que el calendario legislativo pueda ser una realidad.

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24 de agosto de 2015 - 19:26 h

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