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Euskadi ya tiene la ley que garantiza un piso de alquiler a los que lo necesiten

El Parlamento vasco aprueba la norma impulsada por el PSE, que garantiza el derecho a la vivienda. 

El texto ve la luz con el apoyo de EH Bildu y UPyD y en contra del criterio de los partidos que dirigen los gobiernos central y vasco.

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El precio de los alquileres sigue descendiendo y cae un 0,5% en mayo

El precio de los alquileres apenas ha bajado en Euskadi durante la crisis.

La Ley vasca de Vivienda ya es una realidad. El Parlamento de Vitoria ha aprobado el texto con el apoyo de EH Bildu, PSE y UPyD. Después de dos años de duro y complicado recorrido parlamentario, la norma impulsada en su origen por el PSE ve la luz. La entente entre los tres partidos ha posibilitado una ley histórica, ya que ninguna comunidad en España tiene una ley con unos derechos sociales tan avanzados, especialmente el que garantiza el acceso a un alquiler a las personas que lo necesiten. Si los poderes públicos no hacen frente a este deber, los ciudadanos pueden reclamarlo ante los tribunales como un incumplimiento de ley. Además, la norma penaliza a las viviendas vacías y abre la puerta a expropiar a los bancos en los casos en los que las familias que vayan a ser desahuciadas no tengan otra solución de alojamiento. El texto sale adelante con la oposición del PP y PNV, formaciones que dirigen los gobiernos central y vasco, respectivamente.

Estas son las principales claves de la ley vasca de Vivienda:

1.-Derecho subjetivo a la vivienda.

El texto reconoce por primera vez en España el derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, que si los ciudadanos empadronados en la comunidad autónoma que tengan necesidad de un alquiler y no puedan acceder a una vivienda la podrán reclamar a las instituciones. Si estas no responden, podrán acudir a los tribunales. Así, el derecho a la vivienda se equipara mediante una ley específica a la sanidad o a la educación. Tiene que quedar claro que el derecho no es a poseer una vivienda, sino a disponer de un alquiler.

2.-Penalización de las viviendas vacías.

Los propietarios que tengan una vivienda vacía y en el plazo de dos años no la hayan puesto a la venta o en alquiler —quedan excluidas las residencias de verano— deberán pagar un canon, establecido en 10 euros por metro cuadrado. El canon se incrementará anualmente en un 10% hasta llegar a un tope, establecido en tres veces la cuantía inicial. Así, una vivienda vacía de 60 metros cuadrados deberá pagar un canon de 600 euros el primer año. Si siguen pasando los años y no sale al mercado, el dueño llegaría a pagar un máximo de 1.800 euros al año. En la actualidad, el País Vasco cuenta con 42.000 pisos vacíos, excluidas las segundas residencias y las que están en venta o alquiler. Mientras, hay 50.000 demandantes de casa registrados en el Gobierno. A pesar de que los precios de venta han caído, las posibilidades de adquirir una vivienda en propiedad son remotas debido a las bajadas de los sueldos, la crisis y la imposibilidad de acceder al crédito. El precio de los alquileres también es prohibitivo; la crisis apenas ha afectado a este mercado. Solo ha descendido 46 euros de media durante la crisis, y sigue por encima de los 800.

3.-Expropiación a los bancos

La expropiación se producirá cuando se produzcan impagos de hipotecas o alquileres, se vaya a proceder a un desahucio y no haya otra solución de alojamiento. Es decir, solo se produciría la expropiación cuando a la familia no se le pudiera reubicar en pisos de protección oficial del municipio. En ese caso, el Gobierno vasco obligaría al banco a un alquiler forzoso.

4.-Parque público de alquiler.

La ley establece que en cinco años todas las políticas públicas serán de alquiler, por lo que obligará a los consistorios y demás administraciones a dejar de construir pisos de venta protegidos. Los constructores ya han advertido de que dedicar todo el parque protegido al alquiler puede resultar insostenible para los constructores.

5.-75 millones de euros al año.

El Gobierno vasco calcula que la aplicación de la nueva ley supondrá un coste para las arcas públicas de 750 millones de euros en 10 años, es decir, 75 millones anuales. El presupuesto anual que el Ejecutivo dedica, por ejemplo, a sanidad asciende a 3.000 y 2.500 a educación.

6.-Rechazo de los dos gobiernos.

El PNV (que preside el Gobierno vasco) y el PP (que dirige el Gobierno central) están en contra de la norma. Según el Gobierno vasco, la ley podría ejercer un “efecto llamada” a nivel mundial. "Podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda", ha llegado a decir el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. Para el PP, la ley de Vivienda no resolverá la actual situación de necesidad y solo generará “falsas expectativas”.

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