El PNV busca la “institucionalización” del 'derecho a decidir'
El PNV reitera en el documento político que ha aprobado en la VII Asamblea General que se está celebrando este fin de semana en Pamplona que “no abandona” su reivindicación del derecho y aboga por crear las “condiciones políticas y sociales” que posibiliten la “institucionalización” del derecho a decidir. “Es necesario saber leer los tiempos correctamente”, dice antes de advertir de que no tiene sentido hacer “tabla rasa” con el autogobierno y las instituciones logradas hasta ahora.
El plenario de la asamblea ha aprobado el documento político “Batasuna eta Indarra” por 318 votos a favor de las 325 personas con derecho a voto, en una votación en la que se han contabilizado tres abstenciones y cuatros voto en contra, según la información facilitada por el PNV. Además, este domingo Andoni Ortuzar ha sido reelegido como presidente del PNV durante la VII Asamblea General que la formación celebra a lo largo de todo el fin de semana en Pamplona.
Ortuzar, que fue designado presidente del EBB en 2013, ha sido reelegido para los próximos cuatro años por decisión unánime de los miembros de la Asamblea Nacional. Junto a él, la asamblea ha designado también a los ocho representantes nacionales de la Ejecutiva: Koldo Mediavilla, Mikel Burzako, Joseba Aurrekoetxea, Ana Esther Furundarena, Mireia Zarate, Kepa Aldama, María Eugenia Arrizabalaga e Iñaki Txueka.
El documento político de la Asamblea General del PNV hace un llamamiento a la cooperación de las formaciones que defienden el derecho a decidir del pueblo vasco, sobre la base del llamado “Plan Ibarretxe” y las conversaciones de Loiola. El texto presentado para el debate tiene 28 páginas y ha recibido un total de 390 enmiendas. Finalmente, se han aprobado 140 y se han transacionado 35, aunque ninguna de ellas modifica los fundamentos del texto. Los peneuvistas sostienen que una vez “superado el tiempo de la violencia” resulta “imprescindible” que los partidos que defienden el derecho a decidir compartan estrategia consensuando un “suelo ético-democrático”, unos objetivos “mínimos” y unos “ritmos del proceso”.
El PNV defiende que se puede lograr un “nuevo estatus” a partir del llamado 'plan Ibarretxe', la propuesta aprobada por el Parlamento vasco en diciembre 2004 y que el Congreso rechazó en febrero de 2005, y de los acuerdos de las conversaciones políticas de Loiola que en 2006 -durante las negociaciones entre los emisarios de Zapatero y ETA- mantuvieron el PNV (Josu Jon Imaz e Íñigo Urkullu), Batasuna (Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria) y el PSE-EE (Patxi López y Rodolfo Ares). Este planteamiento viene siendo recurrente en la dirección peneuvista y ha sido también planteado en alguna ocasión por el actual lehendakari, Íñigo Urkullu.
Los peneuvistas mantienen su apuesta por el reconocimiento de Euskadi como una “nación” con derecho a decidir su futuro y defiende una relación de bilateralidad con España. Recuerda que ni Cataluña ni Euskadi pueden ser consideradas “una simple comunidad autónoma” ni tampoco “un Estado federado más en versión socialista” y reclama un reconocimiento como nación que no se quede en lo “retórico”, sino que debe conllevar la bilateralidad en las relaciones con el Estado, así como la presencia en foros internacionales como la Unesco o el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas.
“Degradación del autogobierno”
“Es el concepto en sí de 'autogobierno' el que ha entrado en crisis por la pérdida paulatina del valor del Estatuto. En la práctica, la degradación del autogobierno está causada por la negación de la realidad nacional vasca, por el reforzamiento de la naturaleza unitaria del Estado que establece su 'supremacía', interpretando que la autonomía es un hecho 'otorgado' y que las comunidades autónomas, incluidas las nacionalidades históricas, son entidades subordinadas”, afirma.
El PNV apuesta por conseguir un final “ordenado” de la violencia, que pasaría por el desarme definitivo y desaparición de ETA, la “reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo”, la reparación y reconocimiento a las víctimas y una política penitenciaria orientada a la “convivencia y a la reinserción”.
En la Asamblea también se ha ratificado una modificación de los estatutos del partido para adaptarlos la nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos o la Ley de Transparencia. El dirigente jeltzale Koldo Mediavilla ha matizado que estas modificaciones responden a la “adecuación de los estatutos a estos criterios legales” y que no hay “una modificación sustancial”. “Los ámbitos sustanciales del PNV de separación de poderes y de bicefalia siguen manteniéndose al 100%”, ha aclarado Mediavilla.
