El PNV defiende la legalidad del contrato para la ampliación de Miñano pese a los indicios de corrupción
La semana próxima se retoma en la Audiencia Provincial de Álava el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en el País Vasco, con la declaración del principal acusado, el que fuera 'número dos' del PNV en la provincia, Alfredo de Miguel. El caso se originó cuando la empresaria que recibió en 2006 'a dedo' el contrato para la compra de parcelas para la ampliación del parque tecnológico de Miñano, Ainhoa Alberdi, a quien se le impuso que subcontratase a la empresa Stoa del amigo de De Miguel Sergio Fernández Oleaga, denunció ante la Fiscalía que a quien todos conocían como Txitxo le quiso cobrar una comisión de 100.000 euros. Como se negó -relató ella-, fue vetada como subcontrata en la segunda fase de la ampliación, de 2008, aparentemente teledirigida a Stoa. La Ertzaintza destapó cómo en tan sólo 25 minutos el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública, manipuló el expediente para que no cupieran dudas de que Stoa era la ganadora del concurso público y cómo Fernández Oleaga abonó en fechas próximas unos 3.500 euros a una empresa controlada por De Miguel pero a nombre de un tercero, Eskalmelo.
Este verano se conoció que Fernández Oleaga, a pesar de su imputación por este posible pago de comisiones, gestiona la ampliación de Miñano reactivada este 2018. Ha actuado en nombre del parque ante el Ayuntamiento de Vitoria, de quien depende la disciplina urbanística de una zona dentro del término municipal. La oposición en Vitoria, PP y EH Bildu, ha coincidido en denunciar, primero, que la ampliación en Miñano es innecesaria porque hay suelo disponible sin ocupar ante posibles demandas y, segundo, que no es ético encargar estos trabajos a una persona que, en estos mismos momentos, se expone a 12 años de cárcel.
Este martes, ambas formaciones han pedido explicaciones a la responsable de Promoción Económica del Ayuntamiento, Nerea Melgosa, del PNV, quien también es la representante municipal en el consejo de Miñano. Melgosa, que ha considerado incomprensibles las críticas, ha querido subrayar que no se ha hecho ninguna contratación reciente a Stoa para asesorar al parque tecnológico y que la relación contractual con esta firma proviene “de finales de 2008”. Ha indicado que la firma ganó “un concurso público” al que se presentaron otras empresas y que es ahora, una década después, cuando se ha reactivado esa adjudicación ante el interés de Miñano en crecer para atraer grandes empresas si bien los técnicos locales aseguran que lo conveniente es precisamente reducir el espacio urbanizable ante la falta de demanda.
Ante las quejas de la oposición, que le ha recordado las circunstancias concretas de ese concurso -el 'popular' Miguel Garnica ha leído el siguiente titular: “La Ertzaintza destapa cómo Miñano manipuló un concurso en 25 minutos para beneficiar a la trama de De Miguel”-, Melgosa ha replicado que aquel contrato es “legal”. “Es un contrato legal y la empresa Stoa no está imputada, por lo que la empresa tiene que hacer el trabajo que se le adjudicó”, ha indicado la edil del PNV obviado que el administrador de Stoa sí está procesado. Melgosa ha criticado que la oposición deje de lado que la adjudicación no se hiciera 'a dedo' y que hubo un concurso y ha proclamado: “Yo no tengo ninguna duda de los técnicos que han valorado este contrato”.
Además de Fernández Oleaga y De Miguel, están acusados el que fuera gerente de Miñano en aquellos años, el también 'jeltzale' Alfonso Arriola, y su directora técnica, Miren Lourdes Bilbao. Arriola y Bilbao se cruzaron un correo a las 17.45 horas del día en que se modificaron los expedientes en el que constaba como archivo adjunto el documento con la valoración de las distintas ofertas. Ahí Lugarfive, una de las empresas rivales de Stoa que había amenazado con recurrir, acreditaba 20 puntos sobre 20 posibles en “solvencia”. Solamente 25 minutos después, Bilbao envía otro 'e-mail' a su superior “con las correcciones indicadas y cambios en solvencia profesional”. En el nuevo documento se aprecia que Lugarfive ha pasado a tener 10 puntos. De hecho, es la única de las participantes en el concurso que no obtiene los 20. “Todos estos cambios se hacen para justificar que Stoa fuese la adjudicataria de una manera u otra”, sostiene la Policía sobre el papel de los técnicos a los que ha aludido Melgosa.
Melgosa ha lamentado igualmente que la oposición se haya adelantado a los jueces a la hora de dictar sentencia y ha asegurado que si la sentencia del 'caso De Miguel' confirma los indicios de corrupción el Ayuntamiento de Vitoria pedirá la rescisión de la contratación de Stoa. “No nos va a temblar el pulso, pero en este momento no está imputada la empresa y yo me creo el sistema de justicia”, ha zanjado la concejal nacionalista.
Desde la bancada de EH Bildu, Antxon Belakortu ha acusado a Melgosa de tirar del “manual del PNV” y obviar la defensa de los intereses de la ciudad. “Esto es un contrato corrupto que viene de una adjudicación amañada y en la que algunos responsables políticos querían quedarse con tela entre las uñas. Esa parte se le ha olvidado”, ha reprochado el edil de la oposición, que ha recordado que fue el PNV el que dio “las llaves de la Diputación” y del poder a De Miguel.
“¿Cuándo vence este contrato de 2008?”, se ha preguntado Miguel Garnica (PP). Y ha seguido: “¿No les sorprende que presente esa solicitud una persona imputada? ¿No le parece grave que ampliar Miñano favorezca un imputado? ¿No podían haber pedido un informe? ¿En algún momento han estudiado resolver este contrato?”. Jorge Hinojal (Podemos) ha recordado que Miñano es el origen del 'caso De Miguel' y que “el PNV fue un colaborador necesario” en esa trama. El PSE-EE, como socio del PNV, se ha mantenido en un segundo plano.
