Urkullu cree que la trama de De Miguel es un “caso aislado”
“En su caso”, “con todas las prevenciones” y “desde la presunción de inocencia”, si el juicio del 'caso De Miguel' acabara con una sentencia que diese por acreditada la corrupción de la que se acusa, entre otros, a tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, “sería un caso aislado”. La reflexión y todas las cautelas son del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha valorado a preguntas de los periodistas las recientes declaraciones ante la Audiencia Provincial de Álava de la empresaria denunciante de la trama, Ainhoa Alberdi, que se ha ratificado en que se le exigió abonar una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato público y en que además el suyo no es un caso excepcional.
Urkullu era presidente del PNV cuando se produjeron los hechos, que afectan también a contratos autonómicos como el de ampliación del parque tecnológico de Miñano o los alrededor de 300.000 euros no justificados que salieron del área de Juventud del Departamento de Cultura a las empresas controladas por De Miguel, que era 'número dos' peneuvista en Álava y desde 2007 diputado foral. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el lehendakari ha señalado que no puede decir ya nada con “más valor” que lo expresado sobre el caso en el Parlamento.
El presidente vasco ha pedido “respeto absoluto a lo que pueda ser la acción de la Justicia” y “esperar a la sentencia”, también preservar la “presunción de inocencia” de los acusados. No ha ofrecido ninguna valoración concreta sobre las declaraciones de Alberdi, si bien ha recordado que el Gobierno “está personado” en el juicio y que si se constata un perjuicio económico para las arcas autonómicas “actuará en consecuencia” para resarcirlo.
Efectivamente, un letrado del Ejecutivo acompaña a la Fiscalía y los asesores jurídicos de la Diputación de Bizkaia -que no a la de Álava- en la mesa reservada a las acusaciones. Hasta el momento, el peso de los interrogatorios lo ha llevado el ministerio público y la participación del Gobierno está siendo absolutamente testimonial. De hecho, ni siquiera solicitan penas de prisión en los asuntos dentro del macroproceso que afectan a la Administración autonómica.
