Radiografía económica de las dos residencias público-privadas de Álava: un coste de al menos 125 millones de euros

Dos de las residencias de mayores públicas referenciales de la Diputación de Álava en Vitoria, Lakua y Zadorra, no serán de propiedad foral hasta 2050 y 2052, aproximadamente. El modelo elegido por el PNV cuando lideraba la institución entre 2007 y 2011 consistía en seleccionar a una empresa que se iba a encargar de construir los edificios y de mantenerlos durante cuatro décadas, momento en el que se convierten en públicos. A cambio, cobra todos los años a la Diputación un canon que se actualiza con una subida del 30% del IPC. Hasta ahora, por Lakua se han abonado 11.013.358,85 euros en doce ejercicios y la 'hipoteca' ha subido un 5,66% comparando 2022 con el primer año completo, 2012. En el caso de Zadorra, la factura ya pagada asciende a 20.184.861 en diez ejercicios y la revalorización es del 3,62%. Son 31 millones en total. Si no hubiera inflación -algo que ya se incumplirá más que nunca en 2023- las residencias costarán al cabo de 40 años 38,3 y 87,5 millones de euros, respectivamente (125,8 en total). Y, si la inflación fuese similar a la de la última década, la amortización supondría unos 42 y 97 millones de euros (139 entre ambas).

En el caso de Zadorra, la más grande de los dos centros, su titular real es una empresa llamada Residencia Abetxuko. Toma el nombre del barrio en que se ubica el centro. Está constituida por las empresas Gestión Urbanística 2000 y Volvas, que ganaron un concurso público. Su única actividad es ser la tenedora del derecho de superficie de la residencia de mayores. Sus administradores son José Miguel Aguirre Iza -afiliado al PNV según 'El Correo' y exalto cargo con ese partido- y María Soledad Amantegui. Las plazas, la gestión y el personal son forales, aunque la mercantil sí se encarga del mantenimiento. El coste de construcción se estima, según informes internos de esta empresa, en unos 15 millones de euros. Contando la financiación bancaria que fue precisa, dependiente también de actualizaciones del Euríbor aunque con cláusulas techo, el desembolso final para la adjudicataria podría alcanzar los 24 millones de euros al final del período. Como gastos de mantenimiento, la subcontrata (Eulen) inició el servicio con una minuta de unos 260.000 euros anuales que, con las revisiones, ya llegan a 281.000. Una estimación para el final del período no conservadora elevaría el gasto total en este apartado a unos 14 millones de euros. La suma total de obras más mantenimiento más financiación no pasaría de 40 millones de euros cuando la proyección final del coste es de 97 millones de euros. En Lakua, la adjudicataria del derecho de superficie fue Construcciones Urrutia. Juan Cortezo y José Calavera aparecen como los administradores.

El artífice de este modelo fue Claudio Rodríguez, 'número dos' de la Diputación en el mandato de Xabier Agirre, una etapa recordada por la operación de rescate al Deportivo Alavés tras la ruinosa etapa de Dmitry Piterman y por la detención de otro diputado, Alfredo de Miguel, ya condenado en primera instancia a trece años de cárcel por graves delitos de corrupción y a quien Agirre, ya fallecido, expulsó con mensajes de “tolerancia cero”. El 12 de noviembre de 2008 Rodríguez compareció en las Juntas Generales, el Parlamento foral, para dar explicaciones a la oposición sobre la fórmula de financiación de las residencias, cuyas parcelas fueron aportadas por el Ayuntamiento de Vitoria. ANV -marca entonces de la izquierda abertzale- y el PP fueron beligerantes con el PNV, que gobernaba en coalición con EA y Aralar, luego integrantes también de la actual EH Bildu.

“Que quede bien claro para las personas y los medios que no lo entendieron: con contundencia, rotundidad y firmeza, claro que la gestión va a ser directa”, respondió el entonces portavoz alavés ante las acusaciones de “privatización”. Y añadió: “Sin cambio de modelo gestión se ha puesto en marcha un nuevo sistema para la construcción de las nuevas residencias, lo que va a permitir un más eficiente proceso. La decisión tomada por el Gobierno foral se inscribe con la nueva estrategia de inversión que están poniendo en marcha diferentes Administraciones para poder atender, con los recursos disponibles, a las existentes demandas de determinados servicios públicos, y especialmente los del área de asistencia social. No se va a privatizar la construcción de residencias, sino que se elige un modelo distinto. Se trata de innovar, de ser imaginativo. [...] Los servicios sociales no pueden ser monopolio de la Administración”. Ante las dudas esgrimidas por el PP, Rodríguez replicó que “Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, ha hecho siete hospitales por este procedimiento”, así como “todos los colegios públicos”. Y afirmó con vehemencia que, en el caso de Lakua, “la diferencia entre el modelo elegido y si lo hubiera construido la Diputación” era de solamente “75.319,92 euros en 40 años”. “Sale 1.882,99 euros al año. Dirán: 'Hombre, la Diputación sale perdiendo'. Pero, seamos justos, son 1.882,89 euros al año habiendo trasladado toda la responsabilidad del mantenimiento y garantizando que en el momento de la reversión el edificio tiene que estar en las condiciones óptimas”. Las nuevas oficinas de San Martín del Ayuntamiento de Vitoria también se construyeron con una fórmula de derecho de superficie en la misma época.

La actual Diputación, una coalición entre PNV y PSE-EE en la que los primeros gestionan la competencia de residencias, defiende también el sistema como única alternativa para abrir residencias en aquellos años de crisis económica y límites para endeudamiento. “Es un modelo frecuente en las Administraciones. A los 40 años revierte la propiedad a la Diputación. La otra posibilidad es recurrir a la deuda. Y en ambos casos hay que pagar intereses. Esto es equivalente: repartir el coste en 40 años para que sea viable el proyecto. Porque la Diputación, además de residencias, tiene más áreas que financiar”, explican fuentes forales. Añaden que si el Gobierno foral “tuviera que pagar a tocateja” ello “podría hipotecar las inversiones en otros ámbitos”. “No es cuestión de decidir entre residencias y carreteras, ¿no?”, preguntan estas fuentes, que tienen claro que, “sin este modelo, sólo habría una residencia”, no dos, y, además, habría habido “menos de otras inversiones y más deuda” para la institución.

Según los datos oficiales facilitados por la Diputación, el canon por Lakua es ahora mismo de 977.898,34 euros, de los que 81.491,53 euros están pendientes de pago por lo que falta de ejercicio 2022. En 2012, el primer año completo, se pagaron 925.464,93 euros. En el caso de Zadorra, para 2022 se había establecido un coste de 2.230.096,53 euros pero se ha incrementado en 14.787,21 euros. 2014 fue el primer año liquidado entero y supuso 2.166.387,36 euros.

En Euskadi la competencia de residencias, tanto de mayores como de discapacitados o menores, es de las tres diputaciones. De hecho, durante las oleadas más duras de la COVID-19 eran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa las que ofrecían los datos de decesos, brotes y persona de baja y no el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). El gasto en servicios sociales es la partida más importante de los presupuestos forales. En el caso de Álava, la cartera que dirige Emilio Sola dispondrá de 224,54 millones, el 49% del total. La provincia dispone de 87 residencias para personas mayores. De ellas, 19 son públicas, once forales y ocho municipales. Las otras 68 son de titularidad privada. Los datos oficiales hablan de 3.282 plazas. 1.272 son públicas, incluidas las concertadas en centros privados. Las plazas forales son 1.089, incluidas 310 concertadas.

Como ya se ha anunciado, en enero Álava estrenará una nueva residencia llamada Arabarren que pretende cambiar el modelo de atención. “Es una cooperativa de iniciativa social que se ha encargado de construir y poner en marcha y gestionará la residencia”, indican fuentes forales. A diferencia de en Lakua y en Zadorra, este centro también tendrá externalizada la gestión aunque “la totalidad de las plazas estarán concertadas con el Instituto Foral de Bienestar Social”. También hay una “cesión de los derechos de superficie” de 42 años (dos para las obras y 40 para el uso) pero a ello se le añade “un módulo económico que abonar por cada tipología de las plazas” (mayores, centro de día o discapacitados). El canon por Arabarren está presupuestado para el primer año, 2023, en 5.875.000 euros. Está ubicada también en el barrio de Lakua de Vitoria.

Con Arabarren, no se habla de “colaboración público-privada” sino “público-social”, ya que se hace hincapié en el carácter de cooperativa de la empresa gestora. Las cooperativas, en todo caso, son formas societarias privadas igualmente. “La cooperativa que pondrá en marcha y gestionará el centro residencial está participada por socios trabajadores, la cooperativa Krean (Mondragon Corporación) que ha diseñado el edificio y se encarga de su construcción, e IMQ Igurco, empresa referente en la gestión de servicios sociosanitarios que ha aportado su conocimiento en la materia”, se indicó en su momento. En el barrio de Salburua el Ayuntamiento de Vitoria ya ha cedido otra parcela para lo que de momento se conoce como Arabarren II, aunque la denominación podría cambiar. También se ejecutará con el modelo de “colaboración público-social”, es decir, que ni la construcción ni la gestión serán públicas.