El viceconsejero vasco de Derechos Humanos: “La tortura ha sido una realidad en nuestro país”

El viceconsejero vasco responsable de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación en el Gobierno vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, ha sido tajante: “La tortura ha sido una realidad en nuestro país”. Ha añadido que también lo fue durante “los primeros años de la democracia”. En declaraciones a Radio Euskadi coincidentes con el día internacional de apoyo a las víctimas y recogidas por Europa Press, Rodríguez Ranz ha destacado, no obstante, que desde el año 2000 se han adoptado medidas “importantes y progresivas” para reconocer a estas víctimas y el compromiso del Gobierno vasco es “decidido” para seguir dando pasos.

Según ha afirmado, la tortura es “un hecho real, una realidad objetiva y contrastada”. “La tortura ha sido una realidad en nuestro país. Tanto en la dictadura franquista, como en la Transición y en los primeros años de la democracia. Esto no es una opinión de parte sino algo perfectamente conocido socialmente e incluso judicialmente”, ha detallado. En este sentido, el viceconsejero vasco ha afirmado que “entre 1979 y 1992 se produjeron 20 sentencias del Tribunal Supremo condenando a 49 policías por tortura”. Por otro lado, ha destacado que las comunidades autónomas de Euskadi y de Navarra han hecho “un trabajo ingente y en la buena dirección en el reconocimiento a estas víctimas”.

“Este reconocimiento tiene dimensiones diferentes, uno legal, pero hay que avanzar en un reconocimiento social y moral. Este país debe ser consciente de que esta vulneración de derechos también se dio en Euskadi, junto al terrorismo de ETA, y sus víctimas merecen el mismo reconocimiento”, ha argumentado. Respecto a las afirmaciones del exministro socialista de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, recogidas en su libro de memorias, en las que señala que “el coste del GAL fue mínimo” y que “había voluntarios a barullo para financiarlo”, Rodríguez Ranz ha advertido que España “tiene una asignatura pendiente en afrontar lo que alguna sentencia ha denominado terrorismo de Estado”.

“Tiene un asignatura pendiente en investigación y en verdad. Tiene un asignatura pendiente en la asunción de responsabilidades... Las responsabilidades políticas de esta estrategia están sin dilucidar. Pedimos autocrítica a otros perpetradores de vulneraciones de derechos humanos, a quienes ejercieron la violencia en nombre de ETA, pero un estado democrático deben hacer autocrítica en relación a este tema”, ha finalizado.