El coste del regadío Tierra de Barros sube 100 millones y los agricultores tendrán que firmar otro convenio
El coste de los nuevos regadíos Tierra de Barros ha subido en 100 millones de euros desde que se redactó el proyecto, por lo que la nueva tasación superior sería asumida por la Junta según asegura.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero (Vox), y el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, así lo ha dicho en la Junta General de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros celebrada en Almendralejo.
En el encuentro han informado de las condiciones del nuevo convenio a firmar por ambas partes, en el que ofrecen una serie de medidas financieras y de facilidades para el cumplimiento de los pagos exigidos a los regantes.
El proyecto de regadío de Tierra de Barros se encuentra pendiente de un informe medioambiental de la Comisión Europea y, según también asegura Sánchez Cordero, “las noticias son esperanzadoras, pero nos presentaremos en Bruselas y no volveremos hasta que tengamos el mismo”.
El convenio firmado en noviembre de 2022 era según él de “imposible cumplimiento”, tanto por la falta de actualización de los precios del proyecto, como por la ausencia de informes a los que obligaba la declaración de impacto ambiental al respecto de afecciones a la Red Natural 2000 y la biodiversidad.
Además sería imposible cumplir los plazos en él reflejados, que, a la luz de la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, son “absolutamente irrealizables”.
El nuevo convenio establecerá que la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros “no aportará ni un euro más de los que contemplaba el antiguo, salvo en el caso de que haya modificación o incremento de los precios de ejecución en el transcurso del cumplimiento del mismo, que se limitarán para los regantes a un 10 por ciento sobre la cantidad comprometida en 2022”.
Sánchez Cordero aventura que la ejecución de obras podría comenzar en el mes de marzo por parte del instrumento propio de la Administración, Tragsa, a quien se encargaría la ejecución inmediata de las obras en la red principal para agilizar plazos, sin descartar la licitaciónpública para la ejecución por parte de empresas privadas de otros lotes en los que está dividido el proyecto.
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