Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución que confirma las restricciones a las autorizaciones de plantación de cava a 377 hectáreas.
De este modo el Ministerio de Agricultura no ha atendido las alegaciones realizadas por Extremadura y mantiene su propuesta inicial. Se autorizan más del doble de las hectáreas permitidas este año, todas de replantación, que se asignarán por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta agotar la superficie máxima.
La resolución también establece la superficie disponible en 2019 para autorizaciones de nueva plantación en las zonas geográficas delimitadas por la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Cava”, que se fija en 0,1 hectáreas.
La oferta final del Ministerio corrige la propuesta restrictiva de la denominación de origen (DO) cava, controlada por viticultores y bodegueros catalanes, que ha pedido que no se plante ni una hectárea más de las variedades de uva destinadas al espumoso.
La Junta no acepta la propuesta de nuevas plantaciones de viñedo y ya ha anunciado que no descarta un recurso administrativo y judicial. El reducido número de hectáreas autorizadas supone un freno para el desarrollo de un sector que se ha incrementado cincuenta veces en una década. Ha pasado de poner en el mercado 100.000 botellas a tener esta campaña una previsión de ventas de más de 5 millones.
La consejera extremeña, Begoña García Bernal, explicó semanas atrás que aunque esta propuesta aumenta la superficie de la Denominación de Origen de Cava en 377 hectáreas, frente a las 57,4 que autorizó el anterior Gobierno del PP, no podía estar satisfecha.
La Junta ha encargado un estudio científico e independiente que establece que la región puede crecer entre 700 y 900 hectáreas el cultivo de uva para espumosos. Se trata de unos datos sustentados en un estudio científico e independiente encargado a la Universidad..
El Gobierno extremeño considera que no hay riesgo de devaluación por saturación del mercado del cava y va a pelear “como siempre lo hemos hecho, con un gobierno del PP o con un gobierno del PSOE, porque los intereses de Extremadura están por encima de los partidos políticos”.
La organización agraria APAG-Asaja ha criticado que la resolución es una “burla y un duro golpe” al potencial de crecimiento de la región, que nuevamente ve cómo “se cortan sus alas para no hacer sombra a los competidores catalanes con nuestro vino espumoso”.
A su juicio la resolución es cuanto menos “un despropósito”, ya que es una decisión ‘ridícula’ con la que se frenan las aspiraciones de plantar centenares de nuevas hectáreas ante una creciente demanda del sector.
A su juicio, a pesar de las alegaciones y del reclamo constante en beneficio de los viticultores de Almendralejo, el Gobierno “ha preferido mirar para otro lado y seguir cediendo a la presión catalana”.
Sobre este blog
Abrimos una nueva ventana a la información de Extremadura. Nos asomamos a la actividad en torno a un sector como el agrario que representa en torno al 6% del PIB regional.
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