Tres empleados de Cruz Roja en Cáceres, acusados de defraudar dinero de ayudas sociales
La Policía Nacional ha detenido a tres trabajadores de Cruz Roja de Cáceres acusados de ser los presuntos autores de varios delitos de estafa y falsificación documental, y de defraudar un total de 15.815 euros destinados a ayudas sociales para familias necesitadas.
La Policía Nacional ha explicado que la investigación comenzó el pasado mes de marzo cuando se recibió en la Comisaría Provincial una denuncia, en la que una mujer manifestaba que se había falsificado un contrato de alquiler a su nombre para solicitar una ayuda por tal concepto a la Cruz Roja cacereña.
Según el parte policial, la denunciante manifestaba que habían simulando su firma y aportado un número de cuenta bancario del que no era titular, cuando ella sólo había pedido la ayuda de alimentos.
Días después se presentó en las mismas dependencias un responsable de la entidad para denunciar irregularidades en las ayudas concedidas a varias personas por parte de Cruz Roja, en concreto en 43 expedientes de ayudas a la renta de alquiler.
En la investigación se determinó que un empleado de la entidad “falsificaba los contratos de arrendamiento o modificaba la documentación original presentada con el objetivo de que las ayudas fueran concedidas e ingresadas en cuentas bancarias de su pareja sentimental y de sus familiares”.
Este empleado era el encargado de la recepción, tramitación y concesión de la solicitudes de ayudas de personas necesitadas, “y aprovechando los conocimientos administrativos y burocráticos para la tramitación, falsificó los contratos”.
Falsificaba sellos y contratos
Para esto utilizó, “sin conocimiento ni consentimiento”, los datos de filiación y fotocopias de los documentos de identidad de personas que en su momento solicitaron algún tipo de ayuda a Cruz Roja, “llegando a falsificar mediante programas informáticos contratos de alquileres y sellos de organismos oficiales, con los que conseguía dar apariencia de veracidad y legalidad”.
Este empleado fue presuntamente la persona encargada por la institución para presentar la denuncia de fraude.
El individuo “falsificó un sello judicial para justificar ante sus superiores que había presentado una denuncia que nunca presentó”.
En la nota policial no se especifican las actuaciones de las otras dos personas acusadas.
Los detenidos, de 28, 32 y 37 años, y sin antecedentes penales, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó su libertad provisional.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
