Un joven extremeño detenido en Bruselas por las Euromarchas se queja del trato policial

La Euromarcha a Bruselas, que termina hoy en la capital belga su protesta contra los recortes, la austeridad y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se complicó anteayer jueves para el grupo de españoles que participaba en la misma, que fueron detenidos por la Policía, entre ellos cinco extremeños, y uno en particular acusa a los agentes de maltrato y no haberle proporcionado con rapidez atención médica.

Juan Andrés Cardoso tiene 30 años, vive en La Codosera, es licenciado en administración y dirección de empresas, milita en el partido Equo, y está parado después de un breve contrato que tuvo este verano pasado como vigilante.

A finales de septiembre se enroló en la Euromarcha española que salió en autobús de Cádiz, pasó por Extremadura, y ha acabado en Bruselas donde finalmente hoy sábado se manifestarán junto a euromarchas procedentes de otros países.

Anteayer mientras protestaban en la capital belga un grupo de ellos fue controlado por la Policía y confinado en una acera sentados en el suelo, con las manos atadas a la espalda con bridas de plástico. Allí les tuvieron durante casi tres horas en esa posición sobre el suelo mojado –llovía y hacía frío en la capital europea- menos el extremeño Cardoso, que sufrió mientras estaba sentado un primer ataque de ansiedad. “Yo creo que fue también un problema de circulación porque las bridas nos las tenían atadas muy fuertes”.

La Policía le sentó en un banco pero ahí el joven de La Codosera sufrió un segundo ataque y finalmente perdió el sentido. Los agentes le tumbaron en el suelo de costado, pero no reclamaron según Cardoso la atención médica que sus compañeros pedían a gritos: “¡Hospital, hospital!”, preocupados por una posible gravedad del caso.

“No sé cuánto tiempo estuve en el suelo”, explica a eldiarioex por teléfono. “Pero me desperté y seguí ahí un buen rato, hasta que llegó por fin una ambulancia y los policías dejaron que me trasladaran acompañado de un compañero de marcha que tiene conocimientos sanitarios”.

En el hospital tras un ligero reconocimiento le dejaron marcharse, y se encontró por fin en la calle igual que el resto de detenidos que tras ser identificados en Comisaría fueron también puestos en libertad. “No tenían nada contra nosotros, no podía haber cargos.

Juan Andrés Cardoso tacha la actuación policial de “maltrato, desatención y negligencia, además de abuso de autoridad, ya que se trató en todo momento de una manifestación pacífica”, y se plantea denunciar a los agentes.

“Es un síntoma y símbolo de una Europa antidemocrática, hostil y antisocial, que necesita a la Policía para apoyar esa política injusta”, protestaba este viernes en Mérida el dirigente de Campamento Dignidad Extremadura Manuel Cañada.

Entre los detenidos figuraban también tres diputados autonómicos aragoneses de Podemos, y un concejal de Zaragoza

Reclamaciones

Juan Andrés Cardoso es asiduo en las protestas de los campamentos Dignidad, que tras reunirse días atrás con los cuatro grupos parlamentarios extremeños (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) ha defendido cuatro bloques de medidas en materia de renta básica, vivienda, exclusión social y empleo público, para su inclusión en el decreto contra la exclusión social que prepara la Junta, y en los Presupuestos autonómicos del año que viene.

En el primero reclaman que los presupuestos regionales de 2016 incluyan 86 millones de euros para la renta básica, que corresponde al 0,5 % del PIB al que se comprometió el PSOE en la Agencia del Cambio, y una nueva ley para regularla.

También piden la publicación inmediata de una nueva convocatoria, ya que desde el 23 de agosto no se puede pedir la ayuda, y que el silencio administrativo sea positivo.

En el segundo, un alquiler social para las personas que sufran una ejecución hipotecaria y que continúen en sus viviendas, y la retirada de los 1.300 expedientes de desahucio de las casas sociales, entre otras.

Este colectivo también demanda, en el punto de exclusión social, 8 millones de euros para pobreza energética antes de finalizar el 2015; y, por último, que los presupuestos autonómicos de 2016 garanticen un plan de empleo público y social de 25.000 contratos anuales a través de los ayuntamientos.

Manuel Cañada, otros de los portavoces del Campamento Dignidad, ha anunciado una campaña para explicar estas propuestas y ha considerado que “si el cambio político no se traduce en cambio social, es un fraude”.

“Te reciben”, hay un “cambio de talante”, pero “la política es en lo fundamental exactamente la misma”, según Cañada.

En este sentido, ha indicado que no comparten ni el “ritmo” ni el “rumbo” de la política que están siguiendo la Junta de Extremadura.

Cañada ha subrayado que están cansados de “humos”, en referencia a la anterior legislatura, y ha reclamado presupuesto para el decreto-ley de medidas contra la exclusión porque es “una mera declaración de intenciones”.