El Gobex quiere dejar atados 8 millones de euros en cursos de formación antes de ceder el poder
Sindicatos y patronal se negaron el jueves pasado a dar el visto bueno a las tres órdenes que prepara el Gobierno de Extremadura (Gobex), por las cuales se convocan los cursos de formación 2015 para parados y trabajadores por un importe de casi ocho millones de euros, y que el Ejecutivo en funciones de José Antonio Monago pretende aprobar en el Consejo de Gobierno del martes 16, el último que celebraría el actual gobierno del PP.
Los agentes sociales se han negado porque las tres órdenes se han aprobado sin diálogo previo, sin tener en cuenta los criterios del nuevo real decreto ley nacional que regula la formación, y sin ni siquiera el informe previo preceptivo de patronal y sindicatos.
Por ello han advertido a la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, que presidió el jueves pasado la comisión permanente del Consejo para la Formación Profesional, que si aprueba esas normativas las impugnarán.
Los reparos de CCOO y UGT son principalmente de procedimiento, pero también de tipo ético ya que sostienen que no es presentable que un gobierno en funciones, que ha perdido las elecciones y está recogiendo los portarretratos y otros objetos personales de los despachos, apruebe “deprisa y corriendo” una normativa que pone en en juego 7,650 millones de euros para los próximos doce meses; 6,4 de los cursos de formación para parados, 1 para trabajadores ocupados, y 250.000 euros para la formación con compromiso de contratación.
Y es que según reprocha Miguel Coque, secretario regional de formación y empleo en Comisiones Obreras, las tres órdenes contienen ‘truco’ ya que vuelven a cambiar los criterios según los cuales se adjudica la gestión de cursos a los centros de formación, rebajando por ejemplo los puntos por experiencia acumulada.
“La mano que firma”
De forma cruda, Coque plantea que “en este gobierno en funciones, la mano que va a firmar la convocatoria presuntamente puede beneficiarse pasado mañana de las adjudicaciones, con lo cual puede que no se asegure la igualdad entre los centros de formación a la hora de concurrir de forma competitiva entre ellos para ser adjudicatarios de las contrataciones”.
“Así que”, añade, “que el gobierno de Monago no corra tanto ya que el próximo gobierno puede articular esta convocatoria perfectamente, ya que ha planteado [en referencia al PSOE] una negociación con los agentes sociales para modificar las políticas activas de empleo”.
UGT también es partidario de frenar “tanta prisa” en los últimos momentos, después de perdidas las elecciones, cuando ha habido tiempo suficiente desde que se aprobó el real decreto ley que modifica a escala nacional el marco de los cursos de formación.
Según ese marco, sindicatos y patronal ya no podrán darlos, pero sí estarán forzosamente presentes en el diseño, planificación y seguimiento de los mismos.
Otro ‘gato encerrado’ en las tres órdenes de convocatoria sería según los sindicatos el que se dirigen a unas ocupaciones y profesiones decididas arbitrariamente por la Junta a través de su Observatorio del Empleo, sin participación alguna de empresas y trabajadores, por lo cual podría haberse dirigido el catálogo pensando en beneficiar a determinadas empresas de formación.
