La Fiscalía de Mérida pide dos años de prisión para la exvicealcaldesa del PP por su “inacción” frente a los ruidos
- Bravo era la número dos del alcalde Pedro Acedo (PP) y llevaba la delegación municipal de urbanismo y medio ambiente
La Fiscalía de Mérida ha pedido dos años de prisión para la exvicealcaldesa de la capital extremeña Raquel Bravo y un funcionario municipal por un delito continuado de prevaricación medioambiental debido a su “inacción” frente a la acumulación de denuncias por ruidos que acumulaba un pub.
Por este delito el fiscal pide para ambos acusados la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y 20 meses de multa a razón de una cuota diaria de 15 euros, además de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas.
En caso de no tenerse en cuenta esta petición, en el escrito solicita subsidiariamente un delito continuado de prevaricación administrativa genérica para los dos acusados y la pena por ello de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas, informa Efe.
Los antecedentes
La actividad del establecimiento “Caramelo Café y Copas”, que abrió en 2008 y que acumulaba “un ingente número de personas hasta altas horas de la madrugada”, provocó durante los años 2009 y 2010 “múltiples denuncias por ruidos excesivos que impedían el descanso de los vecinos”, por el incumplimiento de los horarios de cierre y por el uso de veladores exteriores.
El 11 de mayo de 2009 el Ayuntamiento de Mérida aprobó la Ordenanza de Contaminación Acústica, que establece que las denuncias por el incumplimiento de las normas de prevención y contaminación acústica darán lugar a la apertura de diligencias de comprobación y, en su caso, del oportuno expediente sancionador.
La Concejalía de Medio Ambiente, cuya titular era la socialista Marisa Tena, tomó varias medidas, como mediciones de la sonoridad del local y la revocación de la autorización de la terraza.
Los ruidos provocaron dos nuevas denuncias en el año 2011, cien en el 2012, cuando los dos acusados estaban ya en el “pleno ejercicio de sus competencias” tras los cambios derivados de las elecciones municipales, que ganó el PP, y cuatro en enero de 2013, todas ellas ante la Policía Local.
A pesar del “conocimiento exacto de la problemática de acumulación de denuncias por el funcionamiento del local”, asegura el fiscal, “no se llevó a cabo ninguna actuación por parte de los acusados para tramitar e investigar las mismas, como ordenar mediciones acústicas en el local y su afectación a las viviendas vecinas e incoar los correspondientes expedientes administrativos, impulsarlos o resolverlos como en derecho procediera”.
Además Bravo “intentó derivar la competencia a la Delegación de Seguridad Ciudadana” a pesar de la que la ordenanza establecía claramente que era responsabilidad e su concejalía..
Los vecinos acudieron entonces al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que tras las oportunas sonométricas practicadas en el local y en varias viviendas concluyó que éstas estaban soportando niveles de decibelios que “prácticamente doblegan los límites establecidos” por la ley.
Con estos informes y los partes médicos aportados por los vecinos, afectados con patologías derivadas de la exposición a ruidos excesivos, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Mérida (Badajoz) acordó la clausura temporal del local, pero la inacción de los acusados continuó, según el fiscal.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de cuatro personas investigadas, entre ellas Marisa Tena, en su caso porque sí realizó una serie de actuaciones tras tener conocimiento de las denuncias. El sobreseimiento ha sido confirmado en el auto de apertura de juicio oral, según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía de Mérida.
