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EXTREMADURA

Un Juzgado de Mérida encausa a la vicealcaldesa del PP y a varios funcionarios por los ruidos de la hostelería

Raquel Bravo, número dos de Pedro Acedo, podría sentarse en el banquillo por denuncias vecinales hechas entre 2013 y 2015 contra dos locales

La jueza cree también pueden ser penalmente responsables cuatro funcionarios de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, por no actuar

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Raquel Bravo, Ayuntamiento de Mérida / merida.es

Raquel Bravo.

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Mérida cree que hay indicios suficientes de la responsabilidad penal de la exvicealcaldesa de la ciudad Raquel Bravo, en la falta de actuación contra dos locales de hostelería denunciados por los vecinos por carecer de licencia de apertura, exceso de ruidos, cerrar después de la hora legal, o montar una terraza de verano sin permiso y obstruyendo la salida de emergencias.

Bravo era la número dos del alcalde Pedro Acedo (PP) entre 2013 y 2015, y llevaba la delegación municipal de urbanismo y medio ambiente, en esta última entraban las competencias para sancionar las infracciones en materia de ruidos.

La jueza, en un  paso previo a la apertura de juicio oral y a sentar en el banquillo a menos a la vicealcaldesa, la considera penalmente responsable de no haber hecho lo suficiente ante la denuncia de los vecinos, habida cuenta de que durante las diligencias judiciales se habrían demostrado –con informes de la Policía Local y de otros funcionarios- las irregularidades diversas cometidas por dos locales, la sala rociera Faralaes (luego pub Rociero y finalmente Independent Club) y el karaoke La Voz.

Además de Bravo la jueza considera que pudieran ser penalmente responsables de los hechos cuatro empleados municipales del departamento de urbanismo y medio ambiente: M.M. jefe de sección, F.M. jefe de negociado, T.M. también jefe de sección y A.G. jefe de servicio.

Raquel Bravo declaró en abril de 2014 en calidad de investigada por un asunto similar de ruidos causados por locales de hostelería, y es que en los juzgados de Mérida hay tres procedimientos abiertos en todos los cuales figura ella como responsable política de la disciplina medioambiental.

En esta causa que la cita a ella y a cuatro funcionarios, la jueza instructora da por terminado su trabajo, ve indicios suficientes de posibles delitos de prevaricación (que podrían acarrear inhabilitación para la concejala y penas de prisión para los empleados públicos) y traslada las diligencias y conclusiones a Fiscalía, acusaciones y defensas particulares, para que redacten las suyas y todo ello iría al Juzgado de lo Penal de Mérida que sería el que dictaría si así lo estima la apertura de juicio oral.

27 denuncias en dos años

De enero de 2013 es la primera denuncia ciudadana presentada por una vecina que vive junto a la entonces sala de flamenco Faralaes por la organización de espectáculos, pero a ella siguieron durante más de dos años, hasta el 23 de agosto de 2015 (después de celebradas elecciones municipales y desalojado el gobierno local del PP) otras 26 denuncias de la misma procedencia o de la comunidad de vecinos, contra ese local de la calle Atarazanas y otro de Graciano, el karaoke La Voz.

Algunas de ellas fueron acompañadas por informes de la Policía Local y las acusaciones eran básicamente cuatro: funcionar inicialmente sin licencia de apertura, exceso de ruidos, cerrar más allá de la hora permitida, o colocar en el caso de la sala rociera una terraza de verano sin permiso y tapando la salida de emergencias.

En la mayoría de los casos las conclusiones policiales y de los técnicos municipales fueron elevadas a la concejala delegada de urbanismo y medio ambiente, y vicealcaldesa nombrada por Pedro Acedo desde 2013, Raquel Bravo.

Las diligencias judiciales reconstruyen los hechos, dentro de los cuales hay según la propia argumentación de la juez un “supuesto” robo del dispositivo limitador de ruidos del local rociero; figuran también varias advertencias de irregularidades hechas por los funcionarios municipales; mediciones de ruidos en casa de la denunciante, que superaban lo legal, o una orden de cierre temporal de uno de los locales, anulada luego por un Juzgado.

Algunas denuncias sí fueron investigadas por el Ayuntamiento pero otras según el juzgado de instrucción “no fueron tramitadas ni recibieron respuesta alguna”. Hubo advertencias de que se iba a archivar (desestimar) el expediente de concesión de licencia de apertura, “que nunca se llegó a realizar”, y finalmente sí se concedió la licencia a la sala de flamenco.

Contra el otro local, el karaoke, se pusieron cinco denuncias por el mismo particular anterior, por contaminación acústica, incumplimiento de horarios y ruidos de la terraza, y según las diligencias judiciales estuvo funcionando inicialmente sin licencia de apertura.  

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