Tres años y nueve meses de prisión pide el fiscal por ruidos de un bar en Jaraíz
El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha señalado para el próximo día 18 la vista oral del juicio en el que están acusados dos ex alcaldes de Jaraíz de la Vera y los propietarios de un bar de esta localidad por no atender las repetidas denuncias por ruidos puestas por una vecina.
Según han informado fuentes judiciales, la vista dará comienzo a las 9:00 horas.
La denunciante vive encima del Pub “Barbarroja”, ubicado en el número 21 de la Plaza Mayor, y desde 2004 hasta su cierre por orden judicial en 2014 había presentado numerosas denuncias al sufrir unos niveles intolerables de ruidos en el interior de su domicilio emitidos por el establecimiento.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía han superado hasta 2014 los límites legalmente permitidos, “como se ha constatado” en los distintos informes emitidos tanto por la Junta de Extremadura como el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
Durante los años que se ha producido estos hechos, en el Ayuntamiento se han sucedido en el cargo de alcalde José Agustín Tovar Sánchez (entre 2007 y 2011) y José Bonifacio Sánchez Cruz (entre 2011 y 2015).
“Ambos, a pesar de tener conocimiento de las emisiones de ruidos producidos por el Pub Barbarroja no solo por las denuncias interpuestas por la demandante sino también por el resultados de las mediciones oficiales, no adoptaron medidas eficaces, idóneas y pertinentes para la protección del medio ambiente y la salud de los vecinos”.
Lo han permitido activamente
De igual forma, el fiscal considera que ambos acusados, durante el período que han ejercido sus cargos, “han tolerado de manera activa una situación de contaminación acústica provocada por el bar y que ha persistido durante años”.
Como consecuencia de esta exposición prolongada a niveles de ruido estresantes, la denunciante sufre “síntomas somáticos y psíquicos como dolor de cabeza, mareos, alteraciones en el sueño, inquietud, nerviosismo e irritabilidad”, por lo que recibe tratamiento médico.
Así, para los dos ex alcaldes la Fiscalía ha pedido una pena de ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, y quince meses de prisión por un delito de prevaricación.
En el caso de los tres propietarios del local, el fiscal ha reclamado tres años y nueve meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en concurso medial con un delito de lesiones.
Además los cinco acusados deberían indemnizar de manera solidaria a la demandante con 7.000 euros por los daños morales causados.
Por su parte el abogado de la demandante ha solicitado inhabilitación para los dos ex alcaldes por diez años y cuatro años de prisión para los tres propietarios del local, y ha elevado a 100.000 euros la indemnización.
