Olivenza es una ruina: 14 juicios perdidos que han costado 1,173 millones de euros

El Ayuntamiento de Olivenza ha sido en los últimos cuatro años una máquina de perder en los tribunales. Uno a uno hasta nueve empleados municipales, despedidos, expedientados o a los que se les cambiaban sus condiciones de trabajo, han ganado la readmisión o una indemnización. Empresas con sentencias favorables y acreedoras por hasta 400.000 euros no conseguían cobrar, y no lo hacían ni los abogados o procuradores contratados por el Consistorio.

Ese es uno de los panoramas –“pero habrá más” según fuentes municipales-, que se ha encontrado el nuevo equipo de gobierno tras el paso por el ayuntamiento oliventino de una gestión municipal del PP presidida por un Bernardino Píriz que a pesar de perder las elecciones municipales del pasado mes de mayo ha sido designado por el partido como representante en el consejo de administración de Canal Extremadura.

Olivenza (12.000 habitantes) ha sido tradicionalmente gobernada por el PSOE, que en 2007 consiguió mayoría absoluta pero cuatro años después padeció una gran derrota al ser el PP el partido más votado, y que gobernó ya que PSOE e IU se votaron a sí mismos; esa legislatura pasada 2011-2015 ha sido tortuosa, y su alcalde popular ha estado en el centro de decisiones que con frecuencia han acabado en los tribunales.

Pese a la división interna en el PSOE, en mayo pasado los socialistas le dieron la vuelta y gobiernan pero afirman haberse encontrado un panorama económico desolador.

Los funcionarios

En el área de personal, la relación de fiascos en los últimos años se inicia con un policía local al que el Ayuntamiento negó un permiso retribuido por lactancia, un caso que acabó perdiendo el municipio y pagando las costas, lo mismo que le pasó con el expediente disciplinario, anulado por un Juzgado Contencioso Administrativo, al bibliotecario.

Dos despidos de sendos empleados municipales fueron declarados improcedentes en octubre y noviembre de 2013, con un coste sumado de más de 52.000 euros,

Anteriomente sendos trabajadores de la residencia de mayores percibieron del Ayuntamiento oliventino 89.500 euros por indemnizaciones recibidas al modificarse sus condiciones de trabajo y vulnerarse su dignidad, y a la lista hay que sumar otros tres despidos declarados improcedentes, en el Museo Etnográfico, que costó 43.700 euros, y dos en el área de urbanismo, 2.424 y 36.507; este último se encuentra aún en el Supremo, donde recurrió el Consistorio.

Las empresas

Económicamente aún más graves son los litigios perdidos con varias empresas, por lo que el daño para la Hacienda local se incrementa con el pago de intereses en algunos casos.

 El agujero más grande es con la empresa Seconsa, que reclama 474.700 euros y a las que según fuentes municipales “no se les ha querido pagar en la última legislatura”. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con ella sobre un plan de pagos para que retiraran la denuncia en el Juzgado, previo adelanto de 70.000 euros.

Un particular, además, ha podido cobrar otra cantidad por indemnización causados en su casa, y el actual equipo de gobierno del PSOE ha tenido que lidiar con otra sentencia desfavorable conseguida por una empresa del sector porcino, con la que también ha llegado a un acuerdo de pagos para afrontar 93.331 euros pendientes.

“Ni los abogados cobraban”, añaden fuentes municipales. Un letrado, que defendió al Consistorio en un litigio, va a percibir los 88.496 euros pendientes, mediante otro plan de pagos aplazados. “Lo tenía ganado vía judicial”. Sin embargo el equipo de gobierno del PP de Olivenza sí pagó 35.000 euros a un periódico digital de Badajoz, por un “proyecto circuito turístico”, en dos facturas del 13 de abril y 9 de junio pasado, esta última una vez perdidas las elecciones.

Los costes de los litigios perdidos en los últimos años suponen además una relación de facturas por abogados, procuradores y costas (abogado de la parte contraria) que suman 271.742 euros.

De momento el coste de todos estos asuntos (funcionarios, empresas, abogados) suman 1,173 millones de euros según los responsables de la Hacienda municipal, para un presupuesto anual de ocho millones.

La última

La última sentencia contraria, del mes pasado, es tener que pagar 5.500 euros, además de los intereses y costas, a una empresa a la que se encargó en 2012 un raid hípico de aventura. Según el texto, Olivenza se negaba a pagar alegando que se habían incumplido condiciones como un número de participantes, o lleno en los hoteles, sin que el Consistorio haya podido acreditar que se pactaron tales requisitos.