La Asamblea aprueba paralizar los desahucios a familias que pidan renta básica

El Pleno del Parlamento de Extremadura ha aprobado, con los votos a favor del PSOE, de IU y del Prex-Crex, y en contra del PP, instar al Gobierno regional a “paralizar la apertura de expedientes administrativos de desahucios contra familias que tramitan la Renta Básica.

Ha sido una Propuesta de Impulso del PSOE, en la que, en concreto, se pide al Gobierno regional paralizar los lanzamientos por desahucios previstos sobre el parque público de viviendas de su titularidad por impagos de alquileres y a paralizar la apertura de expedientes administrativos de desahucios contra familias que tramiten la Renta Básica. Más desahucios

La parlamentaria del PSOE María Isabel Moreno ha explicado que en el último año se ha incrementado el número de desahucios un 46 por ciento y que, a fecha de fin de 2014, había 222 expedientes sobre las viviendas públicas de Extremadura, lo que ha calificado como “una lacra social”. Ha destacado que el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, debe evitar los desahucios y “no abandonar a las familias a su suerte”.

Por su parte, la diputada del PP Gema Cortés Luna ha criticado la “demagogia” del PSOE ya que, ha argumentado entre otras cuestiones, nunca ha reaccionado a quienes “pegan una patada en la puerta” para acceder a una vivienda social mientras que otras personas siguen los cauces regulares.

Ha agregado que el Gobierno extremeño defenderá siempre a quienes tienen necesidades reales de vivienda y que se han recuperado numerosos inmuebles en beneficio a los afectados.A su vez, el diputado de IU Víctor Casco ha señalado que la coalición siempre ha apoyado las medidas contra los desahucios y que “el PP nunca ha levantado un dedo” en favor de los afectados para que “no acaben en la calle”. El portavoz del Prex-Crex, Damián Beneyto, ha dicho que, en la actual situación de crisis, “dejar a una familia que quiera pagar en la calle es una inmoralidad”, aunque también hay personas que no pagan porque no quieren y que “se aprovechan de la situación”, por lo que hay tomar medidas para controlar el uso de las viviendas sociales.