Guadiana del Caudillo se querella por la retirada de ayudas de la Diputación por su nombre franquista

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El Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo ha presentado una querella criminal contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por “coacción y amenazas” por su advertencia de que se les retirarán las ayudas por incumplir la Ley de Memoria Histórica.

La querella ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz tras la autorización recibida en el último pleno municipal para llevar a cabo las medidas de defensa necesarias “para impedir el menoscabo de los intereses de todos los ciudadanos de Guadiana del Caudillo”, señala el alcalde del PP de este municipio, Antonio Pozo. 

Ha indicado que en el caso de Guadiana del Caudillo las ayudas ascenderían a 100.000 euros anuales y que el responsable de la institución provincial pacense “se ha erigido en juez y parte”. Piensa que le mueven aspiraciones políticas a costa de su pueblo. “A costa de Guadiana del Caudillo no va a tener publicidad y no vamos a permitir que amenace a una población”. 

Amenaza con otro tipo de acciones “si al final esta decisión se toma tal y como ha anunciado en los medios de comunicación”.

Apoyo del PP

El alcalde ha contado con el apoyo del secretario general del PP de la provincia de Badajoz, Juan Antonio Morales, que ha señalado que con estas ‘amenazas’ a Guadiana del Caudillo y la pedanía pacense de Villafranco, el presidente de la Diputación de Badajoz “pretende dictar quienes según él incumplen la Ley de Memoria Histórica”.

“Si Gallardo quiere ser juez, se presente a unas oposiciones si tiene la titulación y luego se dedique a dictar sentencia, pero no es juez para decir y amenazar a los pueblos como ha hecho”.

A su juicio, “se ven unas ganas de protagonismo inmensas en este señor”, al que ha denominado con ironía como “Franquito Gallardo”. Dice que es intolerable que use su cargo “para amenazar vilmente a dos municipios” y advierte de que si a pesar de esta querella pretende seguir hacia adelante no descartan otras actuaciones en defensa de la libertad de cada pueblo a llamarse como lo decidan sus ciudadanos.

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