Tres funcionarios del ayuntamiento de Mérida declaran ante la jueza por el caso Raquel Bravo
Tres funcionarios del Ayuntamiento de Mérida, todos ellos del departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, han prestado declaración en las últimas horas ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 2 de Mérida por el caso que protagoniza la vicealcaldesa Raquel Bravo.
Este martes, la jueza tomó declaración durante casi cuatro horas a dos funcionarios municipales, uno de ellos jefe de negociado y otro jefe de sección, y el día anterior testificó por el mismo caso un tercer funcionario. Como viene contando eldiarioex, la jueza titular del juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2, también llamó a declarar hace unos días, en calidad de imputada a la vicealcaldesa de Mérida Raquel Bravo.
En ese juzgado hay abiertos tres procedimientos en torno a causas que guardan una evidente similitud y relación entre sí. En los tres procesos abiertos, con letrados diferentes y denuncias vecinales la jueza investiga por qué razón se concedieron licencias municipales a bares de copas o se permitió su funcionamiento cuando existían múltiples denuncias por exceso de ruidos y hay documentadas numerosas irregularidades en torno a la medición de ruidos en los mismos.
¿Negligencia o algo más?
A esos interrogantes pretende buscar respuestas la jueza en las diligencias que tiene abiertas. Hasta ahora, de las declaraciones de unos y otros imputados parece desprenderse una clara falta de coordinación en los servicios municipales de Urbanismo y Medio Ambiente que tienen en nóminas a 52 trabajadores, esa es al menos la versión que vienen dando los testigos en sede judicial.
Una de las preguntas que viene haciendo la jueza a los responsables municipales es el nombre de los técnicos del Ayuntamiento de Mérida que durante años han dado largas a esos problemas por unas u otras causas. Incluso ha llegado a preguntar por escrito al concejal de Personal Fernando Molina los nombres de esas personas. Ante esa pregunta tan directa, Molina ha comunicado por escrito a la jueza que los instructores de cada uno de los casos abiertos por denuncias de ruidos o licencias irregulares han sido nombrados directamente por la Delegación de Urbanismo, al frente de la que está la vicealcaldesa Raquel Bravo.
El que sabe, no está
En fuentes municipales, se comenta con extrañeza el caso de un ingeniero técnico municipal, considerado uno de los mejores especialistas en este asunto de los ruidos, que desde hace unos años está apartado en unas instalaciones municipales periféricas, al parecer por mostrarse muy meticuloso con sus informes en este área.
Entretanto, el alcalde de Mérida, Pedro Acedo, ha restado importancia a la presencia en la lista electoral de la concejala Raquel Bravo, imputada por “una cuestión de ruido y no de corrupción”, ha precisado.
En realidad, la imputación no es porque la vicealcaldesa haya provocado ruidos, sino porque hay denuncias que sospechan que en el área que dirige la vicealcaldesa Raquel Bravo podrían haberse producido actuaciones irregulares, faltas o delitos.
Pese a ello, el alcalde ha tildado de “demagogos” a los que critican esta circunstancia, pues “no hay procesamiento, ni sentencia”, además de que “si hay una denuncia el juez lo que hace es imputar a la persona para que se pueda defender”, ha explicado en una rueda de prensa a pregunta de los periodistas.
“No es lo mismo imputar a una persona por una cuestión de ruido que por robar o matar a alguien”, ha dicho Acedo, para quien Bravo es “válida” para ir en las listas.
Además, ha señalado que la imputación de la socialista Marisa Tena, también por “una cuestión de ruido”, no es tampoco criticable y ha aseverado que “podría hablar de imputados de IU por motivos gordos”.
