La Ley de Memoria Democrática deberá sortear las enmiendas a la totalidad de PP y Morales
El Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ya ha iniciado su trámite parlamentario en la Asamblea, se ha visto envuelto en la polémica tras el anuncio del PP de una enmienda a la totalidad. Entiende que es “un paso más en la ruptura del pacto constitucional de 1978”.
Se trata de un documento consensuado por las asociaciones que trabajan en defensa de la memoria democrática de la Comunidad, que pretende desarrollar la ley estatal 52/2007 por la que se reconocen y establecen medidas de Memoria Histórica .
El texto parece contar con el respaldo de los socialistas y de Podemos, que anuncia que presentará enmiendas parciales. A la enmienda de los populares se suma otra enmienda a la totalidad presentada por el diputado no adscrito en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales. El diputado que en julio de este año se dio de baja como afiliado del PP y que saltó a la palestra tras recoger un premio de la Fundación Franco, y quien argumenta que la norma es “parcial, sectaria, falsificadora y totalitaria”.
Reconocer a las víctimas
Por parte de la Junta, la portavoz Isabel Gil Rosiña ha defendido la necesidad sacar adelante una ley regional de memoria histórica que complemente a la norma estatal. “En este país, después de 40 años de Constitución, ningún demócrata debería de tener dudas sobre la necesidad de reparar el dolor de las víctimas del franquismo. En nuestro país y en nuestra región”. “Ningún demócrata debería de tener dudas sobre eso”.
Ante las críticas vertidas desde el PP en la Comunidad destaca que la regulación fue una de los primeros proyectos de ley que se comenzó a elaborar la propia Presidencia de la Junta (que entonces tenía las competencias de Cultura). Un trabajo en el que han ido de la mano las asociaciones de memoria histórica.
“No podemos venir los políticos a poner la guinda. Hay asociaciones para la memoria histórica en Extremadura que trabajan en los últimos años de manera incansable para reparar el dolor de las víctimas, para que no se reescriba la historia, para escribir la verdad y para invitar a la concordia”.
Reconoce el derecho de los grupos de presentar enmiendas por los grupos, dentro de un debate parlamentario enriquecedor, y teniendo en cuenta además que gobiernan en minoría. “Nosotros tenemos que ser capaces e inteligentes para convencer al arco parlamentario de la necesidad de poner en marcha una ley como la que propone la Consejería de Cultura, y que ha sido muy trabajada”.
Mejorar la norma
Desde Podemos, el diputado en la Asamblea Eugenio Romero, dice que el texto que recoge la enmienda a la totalidad del PP, parece redactado por “el mismísimo general Yagüe”, y que supone “una carta de invitación al diputado franquista para que vuelva a sus filas” en alusiones a Juan Antonio Morales. Además, de representar “un insulto” para miles de personas represaliadas y sus seres queridos que continúan buscándolas, agrega.
La formación morada indica que no se pueden abrir heridas “que nunca se han cerrado”, y del mismo modo critica que los populares hablen de dos bandos, cuando “en todos los pueblos” de la región aún pueden apreciarse homenajes y símbolos de exaltación franquista. “Hay unos golpistas” y de otro lado “un Estado democrático de derecho”, aclara el diputado.
Para concluir , la formación advierte que se trata de una acción orientada a contentar a la “extrema derecha del país”, mientras los restos de miles extremeños continúan en las cunetas y en las tapias de los cementerios, y sus seres queridos tratando de localizarlos para rendirles tributo.
Podemos adelanta que presentará enmiendas parciales a la Ley de la Memoria Histórica de Extremadura con el objeto de mejorarla y para que sirva de homenaje a las víctimas y personas represaliadas por los golpistas sublevados.
¿Qué dice la futura ley?
Según el borrador la futura ley pretende recuperar la memoria histórica de las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura.
La Junta explica que, aunque la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero supuso un ‘hito jurídico’, ha encontrado limitaciones en su aplicación, sobre todo en materia de justicia y reparación de los daños sufridos por las personas represaliadas.
Incluye una partida económica de 700.000 euros y recoge la elaboración de un censo de víctimas y el derecho a la localización y sepultura digna de personas desaparecidas. Reconoce el derecho de los descendientes directos de las víctimas de la represión que así lo soliciten a exhumar a sus familiares, incluyendo todas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas y cuyo paradero se ignore.
Además, según avanzó la consejera Leire Iglesias, incluirá la retirada de subvenciones a los ayuntamientos que incumplan la norma estatal. No habrá un céntimo en ayudas para los municipios que mantengan los honores al dictador Francisco Franco, el golpe militar y la guerra civil.
