PP y Podemos concluyen que hubo irregularidades en el concurso de ambulancias
El PSOE se ha quedado solo en el Pleno de la Asamblea de Extremadura a la hora de denunciar la existencia de un boicot por parte de la anterior adjudicataria del transporte sanitario terrestre en los primeros días del traspaso, ya que el resto de los grupos han votado en contra de su voto particular.
El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado, sin embargo, el dictamen de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre, que recogía las elaboradas tanto por PP como por Podemos y ha rechazado las de PSOE y Ciudadanos, que han llegado en forma de voto particular a la sesión plenaria.
La polémica en el debate ha surgido tras las intervención de la parlamentaria socialista Leonor Godoy, ya que tanto PP como Cs han considerado que ha acusado a los gerentes de la anterior adjudicataria del servicio, el Consorcio Extremeño de Ambulancias, de no tributar por sus salarios, por lo que la han instado a que ponga estos hechos en conocimiento de la Justicia.
El diputado del PP José María Saponi, cuyo grupo ha trasladado la Fiscalía sus conclusiones, ha asegurado en su intervención la existencia de indicios de posibles delitos como prevaricación o malversación de fondos por un supuesto trato de favor de la Administración extremeña hacia la actual empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, tanto en la información facilitada en el concurso como en la inspección de los vehículos.
Saponi ha criticado que el hecho de que hayan primado criterios económicos en el concurso, con un potencial ahorro de 17 millones de euros, puede poner en riesgo la prestación del servicio y “conlleva el incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores y de las mejoras recogidas en el pliego de condiciones”.
Podemos ha coincidido en sus conclusiones con el PP en la constatación de las supuestas irregularidades en torno a la distinta información que recibieron los licitadores, con lo que el concurso para su diputado Daniel Hierro no se produjo en igualdad de condiciones para todas las empresas que concurrían.
Mejoras
Además, ha insistido en que, este hecho, unido a que el precio del concurso tampoco contempló la cuantía real del servicio, hace que no se puedan aplicar las mejoras contempladas y que “se estén incumpliendo las cláusulas sociales y el convenio colectivo de los trabajadores, lo que está dando lugar a sentencias condenatorias para Ambulancias Tenorio”.
PSOE dice que fue correcto
En la defensa de su voto particular, Ascensión Godoy, del PSOE, ha insistido en que el concurso fue “legal, transparente y objetivo” y que el precio de licitación fue suficiente para la prestación del servicio con las mejoras que en él se recogían.
Godoy se ha quedado sola hoy nuevamente a la hora de defender las injerencias y el boicot de la anterior adjudicataria, lo que provocó, a su juicio, el colapso del servicio en los primeros días del traspaso.
La diputada socialista ha propuesto que los representantes legales de los trabajadores puedan estar presentes en las comisiones de seguimiento del concurso del transporte sanitario y ha pedido a la Junta la creación de una comisión que vigile el traspaso de unas empresas a otras, cuando se produzca una nueva adjudicación de un servicio público, así como que se establezca un protocolo al respecto.
Victoria Domínguez, de Cs, ha indicado que la comisión no ha permitido constatar supuestas ilegalidades en el proceso, aunque deja abiertas “importantes dudas e interrogantes”, por lo que ha pedido la creación en la Asamblea de un grupo de trabajo, similar al de las listas de espera, para “controlar y vigilar el buen servicio” del transporte sanitario.
Distintos grupos han coincidido en denunciar hoy nuevamente la abusiva contratación en prácticas que lleva a cabo la nueva adjudicataria por lo que le han pedido una reducción de los mismos.
Tanto PP como PSOE han vuelto a acusarse de ser abanderados de la anterior o de la actual empresa adjudicataria, respectivamente, mientras que Podemos ha insistido en que el servicio de transporte sanitario sea público.
