Rebaja en herencias e IRPF, y posible subida del 1,5% a los funcionarios, en los Presupuestos 2018
El proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura 2018, que a partir de este jueves ha empezado a tramitarse en el Parlamento regional, trae un incremento de 262,3 millones de euros gracias a unas previsiones de crecimiento económico en España que en Extremadura sería del 2,4%, lo que lleva a recaudar más dinero por IVA, consumo de carburantes, alcohol y tabaco, el impuesto de la renta, y otros tributos.
Ello permite a la Junta satisfacer parcialmente los planteamientos de Podemos y conseguir que ese partido no ponga obstáculos a la aprobación de las cuentas, en las que los morados han metido 16 millones de euros en un plan de empleo social extraordinario (8,5) y un fondo de garantía social complementario (7,5), además de otras cantidades en i+d+i, y eficiencia energética.
El proyecto, que ha quedado registrado en la Asamblea de Extremadura y empieza ahora a debatirse con una aprobación final prevista para mediados de enero, asciende a 5.433,9 millones de euros, 262,3 más que el de este año, un incremento del 5,1%.
El 65% del dinero va para políticas sociales, fundamentalmente sanidad, educación y atención a la dependencia, según ha explicado la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales.
El proyecto de ley contiene las anunciadas rebajas en el impuesto de sucesiones (99%) entre padres, hijos y cónyuges, y reducción del uno por ciento en el tramo autonómico del IRPF, y entre las previsiones figura una subida salarial indicativa del 1,5% para los funcionarios, indicativa porque depende de lo que digan los Presupuestos estatales aún en elaboración; en todo caso se considera que será un mínimo del 1%.
Pilares económicos
A la vista del presupuesto se ve que la economía regional descansa sobre tres pilares, que son los servicios públicos de sanidad y educación, y la agricultura.
Por ejemplo la sanidad se lleva 1.604 millones de euros y aumenta sus fondos un 4,2%, mientras que la educación recibe 1.041 millones, un 2,4% más, y la partida oficial de agricultura (fundamentalmente la PAC) es de 725 millones de euros.
Sumando las tres, constituyen el 62% de la economía regional, y es que esos servicios públicos, junto al resto de la Junta, suponen la distribución de 2.013 millones de euros en nóminas (un 2,4% más), inyección directa a la que hay que sumar todos los suministros y compras en el sector privado.
Esos servicios públicos, más otros como la dependencia, garantizan según la vicepresidenta los derechos sociales de los ciudadanos, “los que más nos igualan”, y el problema no es su importe “sino la escasez de ingresos públicos en España” comparados con otros países del mismo nivel de progreso.
La dependencia se lleva en estas cuentas 318 millones de euros, y las políticas de empleo 300, son estas últimas con un 14,4% las que dentro del apartado social más suben.
Crecer un 2,4%
La estadística de la Junta prevé un crecimiento económico en la región el año que viene del 2,4%, aunque podría mermar por la crisis catalana hasta un máximo de tres décimas y quedarse en el 2,1%. Estamos en una “dinámica sostenida de crecimiento” y ante la consolidación del mismo, pero “queremos que sea más equilibrado y llegue a todas las familias”.
Aún así, lamenta Blanco-Morales, “nuestro tejido productivo es débil”.
El déficit presupuestario previsto este año es del 0,8%, dos décimas por encima del permitido, que se cumpliría ya en el 2018, afirma la vicepresidenta y consejera de Hacienda, que sigue reclamando mayor margen para las autonomías, y menor para el que se reserva para sí el Gobierno central; y se cumpliría en 2018 pese a que en este próximo ejercicio 2017 comienza a pagarse la amortización del fondo de liquidez autonómico (FLA) y ello se lleva 90 millones de euros.
