Los Campamentos Dignidad estudian denunciar a la Junta por eliminar 14.000 solicitudes de renta básica
Los Campamentos Dignidad, que luchan desde hace dos años por establecer una paga social de entre 400 y 700 euros a las familias sin ingresos, estudian ahora presentar una denuncia por prevaricación contra la Junta de Extremadura, después de que ayer haya resultado ileso el “decretazo” que congela desde el 30 de agosto la presentación de nuevas solicitudes o prórrogas de pago; el destino incierto de 14.000 expedientes, que podrían quedar rechazados por silencio administrativo, es el argumento de la denuncia.
“Por violación de los derechos humanos”, concreta Manuel Cañada, dirigente de ese movimiento, “por negar esta renta alimenticia esencial”. Estamos ante un acto de “prevaricación institucional” y, por ello, han empezado a preparar una denuncia ante los Tribunales de Justicia.
Con el apoyo de dos diputados de Izquierda Unida, Pedro Escobar y Alejandro Nogales –el tercero, Víctor Casco, se negó a votar-, el PP consiguió ayer en la Asamblea de Extremadura su pretensión, que es que prosiga la vigencia del decreto ley de agosto, que deroga la ley que supuso el segundo intento de hacer funcionar este derecho, y que se introduzcan en él sólo cambios parciales mediante enmiendas por vía de urgencia que se van a discutir dentro de dos semanas, el 25 de septiembre.
Mientras tanto continúa el atasco social. De 22.000 solicitudes presentadas se están pagando 3.500 según la Junta, otras 2.500 tienen reconocido el derecho a hacerlo, 2.000 más seguramente queden rechazadas, y aún quedaría un montón de 14.000 en el limbo.
Tormenta sobre IU
Campamentos Dignidad y CC OO atacaron ayer con dureza a los diputados izquierdistas Escobar y Nogales por no haber tumbado el decreto ley, que es lo que sí votaron por el contrario PSOE y los regionalistas de PREX-CREX.
Con una “complicidad vergonzante” de esos dos diputados de IU, se estaría implantando vía decreto un nuevo modelo de renta social restrictivo, de carácter caritativo, no como derecho, y con posible influencia en la clientela electoral.
El voto de los diputados de IU constituye “un clamoroso fraude”. En la reunión que mantuvieron con los Campamentos Dignidad el pasado día 9, Víctor Casco, en nombre de IU, “se comprometió por activa y por pasiva a que votarían en contra del mantenimiento del decreto y su conversión en proyecto de ley”.
Esa misma tarde Pedro Escobar se reunía con la consejera de Mujer, Empleo y Políticas Sociales, y con la vicepresidenta de la Junta, y a partir de ahí “comenzó otra vez más el chaquetazo. ¿A cambio de qué?” Qué intereses personales habría detrás de esta “puñalada a los parados de Extremadura. Estamos seguros de que el pueblo de Extremadura no olvidará la canallada”.
Pagar en elecciones
Con su “respaldo” al Gobierno del PP, los dirigentes de IU en la Asamblea se convierten según critica por su parte CC OO en “cómplices de una trampa política”. Consistente en causar nuevos retrasos administrativos en la aplicación de la ley para volver a dilatar la llegada real de las ayudas “hasta dos o tres meses justo antes de los comicios autonómicos, en un intento evidente de utilizar la renta básica de manera electoralista”.
Las ayudas hay que pagarlas ya, y las familias “no pueden esperar a que pasen los meses sin recibir nada, sumidos en la frustración mientras asisten a juegos de teatro en la Asamblea y los medios de comunicación como los que estamos viviendo”.
Después de la decisión del pleno de la Asamblea de Extremadura, contraria a las peticiones de los Campamentos Dignidad, éstos dieron ayer por terminados los tres encierros que mantenían en iglesias de Cáceres, Plasencia y Mérida.
La consejera de Mujer, Empleo y Políticas Sociales, María Muñoz, asegura que los 14.000 expedientes sí se van a estudiar y, en las antípodas del Campamento Dignidad o CC OO, que el nuevo procedimiento del decreto será más ágil y los beneficiarios quedarán mejor económicamente.
