Nuevas voces plantan cara al tratado TTIP por sus consecuencias para el mundo rural extremeño

“Queremos mantener vivos nuestros pueblos, apostamos por la economía local, por la soberanía popular de nuestros pueblos. Y desde luego pensamos que estos principios son contrarios a los intereses del TTIP”.

Estas son las palabras de Lorena Rodríguez, alcaldesa de Carcaboso. Su localidad se declaró oficialmente contraria a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) el pasado mes de febrero. Fue en un pleno municipal, en una moción aprobada con los votos favorables de su partido (Extremeños) y en contra del PSOE.

Lorena ha sido una de las integrantes de la delegación extremeña que ha acudido a Bruselas para expresar en el Parlamento Europeo su oposición al tratado. Allí le ha acompañado la diputada autonómica de Podemos Irene de Miguel y Juan Carlos Herrero, del comité ejecutivo de Extremeños.

El objetivo era tratar las dimensiones que tendrán sobre los municipios y las regiones no solo el TTIP, sino también otros acuerdos como CETA—acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE—y el TISA –acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos--.

Todos comparten sus dudas sobre las consecuencias que este tratado, que abre aranceles comerciales, puede tener para Extemadura y su economía rural. También en la seguridad alimentaria y la calidad de los productos. Denuncian una falta de información, porque no aclara cómo puede afectar la entrada en vigor de este tratado a los derechos laborales y los servicios públicos de los ciudadanos.

Además ponen en duda quiénes serán los grades beneficiarios de este acuerdo, que no serán los pequeños productores --comentan-- sino las grandes multinacionales de la alimentación.

Son muchos los interrogantes que rodean al libre tratado, y precisamente esa es una de las cuestiones que plantea la alcaldesa de Carcaboso: existe un desconocimiento, no solo entre sus vecinos, sino entre todos los extremeños, sobre las consecuencias de unos acuerdos internacionales.

“Si desde los propios ayuntamientos no explicamos a nuestros vecinos qué es el TTIP nadie lo hará. Y en eso estamos, porque apostamos por el consumo local, por nuestros pueblos vivos, deseamos fortalecer los circuitos comerciales cortos, y no los acuerdos que benefician una vez más a las grandes multinacionales”, comenta la regidora. Insiste en que su modelo se basa en la pequeña empresa, frente acuerdos firmados a su juicio a espaldas de la ciudadanía.

¿Cómo puede afectar?

La diputada de Podemos Irene de Miguel lanza un mensaje claro para el paisano de a pie: “el TTIP nos va a afectar a todos a la hora de acudir al mercado, porque va a afectar a los productos que va a consumir, también a los derechos laborales”.

La diputada fue la encargada de defender en la Asamblea de Extremadura una propuesta de su formación que abogaba por que la región se declarase contraria al tratado. La moción no salió adelante con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos. Podemos se quedó solo.

En su argumentario señaló que las “medidas no arancelarias” pueden acabar con los “obstáculos a la inversión y el comercio”, entendidos como nuestras leyes en materia laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias.

Otra de las cuestiones que planteaba la diputada es qué ocurrirá con el principio de precaución, por el que un producto o sustancia no puede comercializarse hasta que no se demuestre su inocuidad, teniendo en cuenta por ejemplo que hay productos, como los transgénicos, que en Estados Unidos están extendidos y en la UE no.

Y la parte tal vez “más perversa” es la existencia de un mecanismo, los tribunales de arbitraje Estado-inversor, que sitúa al mismo nivel a los Estados y a las transnacionales, que poseen intereses contrapuestos.

Vivares: otro municipio anti TTIP

El de Carcaboso no es el único municipio que ha plantado cara al TTIP. También lo ha hecho la entidad local menor de Vivares (Badajoz), gobernada por el socialista Sergio Diestro Menacho.

La moción aprobada en pleno por unanimidad declara al municipio contrario al TTIP, aunque previamente se aprobó en el Consejo de Participación Ciudadana. Lanza mensajes claros contra este tratado y explica los motivos en detalle.

Entre otras cuestiones aboga por defender la actual política reguladora de la UE y de sus estados de manera que no se pierdan competencias en materia de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente.

Reclama que se termine “la actual falta de transparencia de las negociaciones”, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en sus respectivos parlamentos regionales. Aboga por que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos de este acuerdo.

Entre sus argumentos advierte de sus “peligros” para la democracia y la protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medio ambiente, y los derechos digitales o como consumidores.

“Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir de las regularizaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medio ambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de los consumidores. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al principio de precaución vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos”.

“Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el consentimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto”, añade la moción aprobada en esta localidad.

Una plataforma en Mérida contra el tratado

Días atrás se conformó en Mérida la ‘Plataforma emeritense No al TTIP’. Critica igualmente que este tratado pretende “rebajar” los mínimos controles de seguridad alimentaria y de calidad en productos de uso común, “abrir la puerta” a medicamentos prohibidos actualmente en la UE y a ciertos transgénicos que tampoco están permitidos, “así como acabar con los medicamentos genéricos y consolidar las patentes privadas de investigación y conocimiento”.

A su juicio que este tratado supone un ataque a los derechos sociales y laborales, más en Extremadura, con una gran dependencia del sector primario.