eldiario.es

9
Menú

GALICIA

Tamara y Ana, dos gallegas más condenadas a tres años de cárcel por protestar

Las dos trabajadoras fueron condenadas a tres años de prisión por participar en un piquete, en un caso semejante al de los sindicalistas Carlos y Serafín. 

- PUBLICIDAD -
Manifestación a favor del indulto para Tamara y Ana

Manifestación a favor del indulto para Tamara y Ana

Otras dos gallegas podrían entrar en la cárcel por participar en un piquete durante una huelga. La Audiencia de Pontevedra, en sentencia firme, acaba de imponer una condena de tres años de prisión a dos mujeres, Ana y Tamara, por un delito contra los derechos de los trabajadores por coacción y otro de daños, presuntamente acontecidos durante una movilización de empleados de instalaciones deportivas en Pontevedra.

El caso es muy similar al de los sindicalistas Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, condenados también a tres años de cárcel tras ser denunciados por la policía tras participar en un piquete durante una huelga de transporte de mercancías. A pesar de que varios juicios concluyeron en absolución, un juzgado de Vigo consideró a estos miembros de CIG y UGT culpables también de un delito contra los derechos de los trabajadores. Esperan la tramitación de un indulto, pero la Fiscalía ha impuesto un recurso de apelación contra la decisión judicial de suspender temporalmente su entrada en prisión. En el caso de las dos trabajadoras ahora condenadas, la Fiscalía también recurrió el primer dictamen, que las había condenado a seis meses y a una multa, para solicitar tres años y un día de cárcel y ya sin posibilidad de recurso.

La ciudadanía se moviliza para conseguir el indulto de estos cuatro gallegos que ven cómo pueden acabar en la cárcel por participar en diversas movilizaciones laborales y sindicales. Este mismo jueves, una nueva manifestación en Vigo (en el MARCO a partir de las 20 horas) volverá a pedir el indulto para Carlos y Serafín. En el caso de Ana y Tamara, han sido ya varias las protestas y en la Red casi 6.000 firmas piden que se les conceda el indulto, mientras una intensa campaña reclama que no sean enviadas a presidio.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando en el complejo deportivo Rías do Sur de Pontemuíños (Pontevedra) un grupo de empleados de las instalaciones deportivas protestaron y lanzaron pintura a la piscina, manchando el traje del gerente y chillando "esquiroles". Ni Ana ni Tamara, que niegan haber lanzado pintura alguna, ni ninguna otra persona fue identificada como autora material de este acto, pero sí fueron reconocidas como integrantes del piquete informativo, ya que una de ellas había trabajado en aquella instalación.

Ana y Tamara, tal como se aclara en el escrito que reclama su indulto, siempre reconocieron que formaban parte del piquete, pero niegan haber hecho algo más. Estaban entre otras 50 o 60 personas y la propia acusación dejó claro que nadie vio que ellas hubieran tirado pintura a la piscina. De hecho, los propios trabajadores que aquel día permanecían en la instalaciones siguieron en su puesto de trabajo y aseguran que no se sintieron coaccionados.

La situación de Tamara –embarazada de tres meses– y Ana es en parte diferente a la de Carlos y Serafín, ya que ellas no pertenecen a ningún sindicato. "Son dos trabajadoras corrientes que, por ser conocidas, fueron acusadas de todo lo sucedido", asegura el escrito que va dirigido al Ministerio de Justicia. "Podríamos ser cualquiera de nosotros", añade una solicitud que procura la buena fe de un Gobierno central que no parece estar por la labor.

De hecho, estos casos son solo los últimos de una larga lista. La Fiscalía pide un buen puñado de años de cárcel para decenas de sindicalistas por participar en piquetes en todo el Estado. Hay hasta 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros sancionadores, contra personas que participaron en diferentes huelgas en varios territorios de España.

Uno de los casos más graves es el de ocho trabajadores de Airbus para quienes la Fiscalía solicita ocho años de prisión por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, durante la cual hubo altercados y una carga policial en la que los antidisturbios llegaron a disparar al aire. Es, por el momento, la mayor pena que se ha solicitado nunca en el Estado español por hechos de esta índole desde la llegada de la democracia.

Hay procedimientos abiertos en numerosas comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Islar Baleares, Andalucía o Asturias. Galicia es uno de los territorios donde más casos se dan. La mayoría de los implicados en el Estado tienen vinculación con CCOO o UGT, pero también hay personas vinculadas a otras centrales como la CIG. En el caso de Tamara y Ana, ni tan siquiera están afiliadas a un sindicato.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha