Amenaza de desahucio porque la Xunta se retrasa con el bono de alquiler: las demoras en las ayudas sociales en Galicia

Víctimas de violencia machista y personas que han sido desahuciadas de su vivienda son los principales grupos a los que se dirige el bono de alquiler social de la Xunta de Galicia. Esta ayuda es una de las que recibe más críticas de las entidades que trabajan con ciudadanos en situación de vulnerabilidad por los retrasos en el pago por parte de la administración gallega, que han llevado incluso a amenazas de desahucio a solicitantes que tienen concedido este apoyo económico. “Y es culpa de la administración, no del inquilino”, recalca Ana Pardo, responsable en Galicia de la ONG Provivienda, que protesta por este “contrasentido” que lleva a personas con una protección pública reconocida a afrontar un posible desalojo.

Pero este bono no es la única ayuda de carácter social en la que el Gobierno gallego se demora con las transferencias del dinero: siguen a la espera muchos jóvenes que tienen concedida una ayuda para el alquiler articulada para todo el Estado, también refugiados ucranianos que solicitaron apoyos económicos habilitados tras empezar la guerra y quienes estaban ingresando el bono social eléctrico para pagar las facturas de la luz y que continúan revisando si se ha convocado ya para este año. Los retrasos complican la situación de personas que ya son vulnerables, dicen miembros de varias ONG, que piden más agilidad. Uno de ellos, que solicita no ser identificado para esta información, asegura que han notado que los plazos se han dilatado en varias convocatorias, como las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, con el cambio en la Presidencia de la Xunta hace un año.

Caseros que esperan hasta seis meses

Ana Pardo expone que lleva desde 2017 trabajando con este tipo de ayudas sociales para que colectivos vulnerables accedan a la vivienda y que nunca vivió una situación peor que la del año pasado en cuanto a los retrasos en los pagos de la Xunta. Los problemas, avisa, se están reproduciendo en 2023. “Siempre hubo retrasos, pero hablábamos de un mes o mes y medio”, explica. En 2022, con el fin de las ayudas extraordinarias por la pandemia, se pasó a pagar íntegra la renta a quienes tenían en bono de alquiler porque se entendía que quedaban en una situación de más vulnerabilidad. Mientras la administración gallega puso en marcha la maquinaria, dice, pasaron tres o cuatro meses. Algunos caseros que destinan sus pisos a estos programas tuvieron que esperar periodos de hasta seis meses a que el Gobierno gallego les ingresase el dinero -la transferencia es directa desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) al arrendador. Recuerda que la Ley de Arrendamientos urbanos fija que los pagos se deben hacer en los primeros siete días del mes.

Con este panorama, entre los casos que gestiona Provivienda hubo varias amenazas de desahucio para personas vulnerables con una ayuda concedida pero que la Xunta no había desembolsado todavía. La ONG llegó a destinar parte de sus fondos a adelantar el dinero para evitarlo. “Nosotros somos una entidad social, no banca ética”, se queja. Dice que comprende la postura de algunos de estos caseros, que se vieron “al límite”. “No son grandes tenedores, son personas que tienen una hipoteca sobre su casa o que con esto aportan a sus ingresos”, justifica. A finales de año, cuenta Pardo, la situación se recondujo, pero en lo que va de 2023 han vuelto a detectar problemas similares.

La portavoz de Provivienda destaca que esto está provocando “un daño y genera problemas”. Que se den estas situaciones es un “desincentivo” para que los caseros participen en los planes de alquiler social. No es raro, añade, que los dueños de pisos pidan que medie Provivienda por este motivo. También critica que estas situaciones “vuelven a poner el estigma sobre la pobreza y la vulnerabilidad”. Tal y como están articuladas las ayudas, el inquilino “no tiene margen de maniobra” si no llegan los pagos. Los propios responsables del IGVS son conscientes, según Pardo, de que tienen un problema de agilidad. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de la que depende este instituto, no ha respondido a las preguntas de este diario sobre estas demoras.

Provivienda detecta también problemas en otros bonos de alquiler, los destinados a jóvenes. Son un ayuda articulada en todo el Estado pero que ejecutan las comunidades autónomas. “Muchos están aprobados desde hace un montón de tiempo pero no se están pagando”, asegura Pardo, que dice desconocer si el problema es de presupuesto, de gestión o de otro tipo.

Ayudas para refugiados de Ucrania

España aprobó unas ayudas de urgencia para las necesidades básicas de los refugiados que llegaron huyendo de la guerra en Ucrania el año pasado. Transcurrido más de un año, algunas de estas personas siguen esperando en Galicia el primer ingreso. El dinero fue transferido por el Gobierno central a las comunidades autónomas en octubre. La orden de la Xunta para convocar las ayudas se firmó el 29 de diciembre del año pasado y apareció en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 5 de enero, con un plazo para presentar solicitudes que terminó un mes después. Las primeras cantidades, admite la Xunta, no se ingresaron hasta abril y aún no han llegado a todos los que tienen derecho a ellas. El Gobierno gallego indica que su previsión es que en mayo sí se extiendan los pagos a todos los beneficiarios.

La Consellería de Política Social, de la que depende la tramitación, asegura que, aunque constan más de 2.800 personas refugiadas procedentes de Ucrania en Galicia -la cifra es la que da el Gobierno central-, el número real es menor. Lo que trasladan los servicios sociales es que “muchos ucranianos se marcharon, bien porque volvieron a su país de origen o bien por decidieron cambiar a otra región”. Las solicitudes que se recibieron en Galicia para estas ayudas (no todos los que huyeron de Ucrania tienen derecho a esta aportación) son 400, dice Política Social, que destinó dos meses a revisarlas y reclamar la documentación que no se había aportado. En total suponen un millón de euros.

En Galicia, explica la Consellería, se aprobaron otras ayudas para las entidades locales que en 2022 apoyaron a ciudadanos ucranianos facilitándoles vivienda o material de primera necesidad. Esta orden, asegura, ya está pagada. El dinero reservaron para ello, también procedente del Gobierno central, fueron casi 782.000 euros.

El bono eléctrico

Los retrasos de la Xunta afectan también a una de las medidas con las que el presidente, Alfonso Rueda, suele sacar pecho cuando se le pregunta por las políticas de su gobierno para ayudar a quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes con las subidas del IPC y el encarecimiento de los suministros. La convocatoria del bono social eléctrico, pensado para que hogares vulnerables puedan hacer frente a los gastos de luz y evitar cortes, todavía no está lista este año. Lo habitual es que el plazo para pedir esta ayuda esté abierto en las primeras semanas del ejercicio pero, transcurridos cuatro meses de 2023, la espera continúa. Fuentes de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía aseguran que es cuestión de semanas, que habrá “novedades para facilitar la gestión” y que se van a pagar las cantidades del año completo.

En la práctica esto está llevando a quienes tienen derecho a esta prestación a ir abonando las facturas pese a su situación de vulnerabilidad y esperar a que la parte que asumen las administraciones se les ingrese más adelante. La prestación, que se concede desde 2017, es un complemento a la estatal y está pensada para consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Estas personas son ya beneficiarias del tramo estatal, que supone un descuento del 40%. La parte gallega es un 50% de la factura (con una cuantía máxima de 300 ó 450 euros -para familias numerosas- al año).

D. es una de las personas que ha recibido el bono eléctrico en las últimas convocatorias y está pendiente de que abran el periodo para solicitarla este año. Critica la tardanza en un momento en el que los precios están “en máximos” con las subidas del IPC y las personas en situación de vulnerabilidad tienen especiales dificultades para hacer frente a las facturas. Se pregunta si forma parte de una senda del Gobierno gallego hacia la supresión de ayudas sociales, como ocurrió con la Tarxeta básica, un bono para alimentos y bienes básicos implantado durante la pandemia y retirado hace casi un año. Él cuenta a este diario que, a pesar de que su situación lo llevó a recurrir a estos apoyos económicos, fue una de las personas a las que le llegaron varias facturas de la luz de golpe, en su caso, nueve. Asegura que lo puso en conocimiento de la Xunta, pero “no hicieron nada” y ni siquiera ha abonado un recibo de mayo del año pasado del que se tiene que hacer cargo. “Cada 15 días les mando un correo y, reconociendo que se tienen que hacer cargo, no lo hacen”, se queja.