La apertura de juicio a siete ediles deja al Ayuntamiento de Santiago al borde de la intervención
El pasado jueves, al final de la reunión semanal del Consello da Xunta, a Alberto Núñez Feijóo se le preguntó si había pensado intervenir directamente en el Ayuntamiento de Santiago después de que la jueza Ana López Suevos hubiera confirmado la imputación de siete ediles –la mitad más uno– del equipo de gobierno por prevaricación. El presidente señaló que “por el momento” no tenía prevista actuación ninguna, esto es, ni iba a forzar la dimisión de las personas imputadas ni iba a solicitar que el Gobierno central disolviera la corporación y nombrara una gestora hasta las próximas elecciones. Menos de una semana después, la situación se le complica aun más a los conservadores en la capital de Galicia.
Después de que, a finales de la pasada semana, la Fiscalía ratificara la imputación de los tres concejales y cuatro concejalas y pidiera para ellos nueve años de inhabilitaciónl, la magistrada determinó este lunes, el primer día hábil después de la decisión del ministerio público, la apertura de juicio oral. En este contexto, a Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis Bello solo les queda la esperanza de que la Audiencia Provincial acepte su recurso para no tener que responder en el banquillo de los acusados por su decisión de pagar con fondos públicos el abogado de Adrián Varela, el concejal de Deportes, imputado en la operación Pokémon.
Dado que el recurso ante la Audiencia no paraliza el proceso, los ediles tienen ahora diez días para formular un escrito de “conformidad o desconformidad con la acusación” que se les imputa en este caso, que le corresponderá a uno de los dos juzgados del penal de Compostela. Este complejo escenario judicial complica aun más el plano político de la cuestión, ya que el código ético del PP establece que ante la apertura de juicio oral los dirigentes deben poner sus cargos públicos a la disposición del partido.
Si esos ceses se llegaran a producir, la situación sería poco menos que insostenible en el consistorio. La marcha de siete ediles implicaría que el alcalde Ángel Currás tendría que formar un gobierno prácticamente desde cero. Junto al regidor, imputado en la Pokémon, se sentarían dos ediles más encausados en el mismo proceso, los tres concejales que en la actualidad no tienen sobre sí ninguna imputación y las siete personas que figuraron entre los puestos 17 y 24 de la candidatura del PP en 2011. En caso de que uno solo de ellos renunciara –el número 16 ya lo hizo cuando fue llamado para sustituir al dimitido Albino Vázquez– tendría que entrar el número 25, Agustín Hernández, actual conselleiro de Infraestructuras que cerró simbolicamente la lista y quien figura en múltiples quinielas como próximo cartel electoral del PP en la ciudad. Por detrás de él solo hay cuatro suplentes. La otra opción implica hacer uso de la ley de grandes ciudades e introducir ediles no electos.
Llamada de atención del TSXG
El auto de apertura de juicio oral llegaba pocas horas después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hiciera público su malestar por las declaraciones de varios dirigentes del PP respecto a este proceso. Después de que la portavoz del Ayuntamiento compostelano, María Pardo, considerara las imputaciones como “un ataque” al Gobierno local y mientras el propio Alberto Núñez Feijóo dudó en público de la pertinencia de la decisión de la jueza, el alto tribunal mostró su “rechazo” a “comentarios que insinúen” que la magistrada “puede tener algún otro interés que el propio de su función constitucional”.
Ante las dudas sembradas sobre López Suevos, que ya había sufrido acusaciones más o menos abiertamente en anteriores ocasiones por su talante progresista, el TSXG “reclama respeto para los jueces que actúan en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la obligada independencia judicial y sin otros intereses que administrar una recta e imparcial Justicia”. Del mismo modo, el tribunal “recuerda” que “en la fase de instrucción se valoran indicios” y que ahora “dependerá del juzgado de lo Penal competente el dictar sentencia en uno o en otro sentido”.
