La Audiencia de Lugo rechaza poner en libertad a Ángel Espadas por “riesgo de fuga”
Ángel Espadas seguirá en la cárcel. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo desestimó este lunes el recurso interpuesto por el que fue edil del PP de Santiago y jefe de gabinete del ex alcalde de la ciudad, Gerardo Conde Roa, contra el auto de la jueza Pilar de Lara que lo envió la mediados de febrero a prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco del caso Pokémon. La sala considera que existe la posibilidad de que el antiguo concejal, excluido de las listas del PP en 2011 tras ser interceptado ebrio y dormido al volante de su coche, intente escapar en el caso de quedar en libertad.
A Espadas se le imputan presuntos delitos de “utilización de información privilegiada, soborno y tráfico de influencias” en la vertiente de la Pokémon conocida como Manga. En opinión de la audiencia luguesa “las elevadas penas que llevan aparejadas los delitos que se le imputan evidencian un riesgo de fuga”, riesgo que “pretende” evitar “la medida de prisión adoptada”, señalan. Pero el juzgado no tiene sólo en cuenta la eventual fuga, sino también que Espadas pudiera entorpecer la operación judicial y policial en marcha contra la supuesta red de fraude en concesiones públicas.
“La actuaciones se encuentran declaradas secretas” y están “en marcha diversas investigaciones que podrían verse frustradas en el supuesto de que el recurrente estuviera en libertad”, informa la Audiencia. Así, “al menos de momento, procede mantener la situación de prisión que ahora se recurre”. Esto sucede “esencialmente por el papel relevante” que el ex asesor de la Alcaldía compostelana “ostenta en la trama que se investiga”.
Espadas fue detenido el pasado 14 de febrero en el inicio de la operación Manga, en una jornada en la que también fue prendido Albino Vázquez, concejal de Seguridad de Compostela que ya abandonó su cargo tras quedar en libertad bajo fianza. Aquel mismo día también fueron detenidos un asesor cultural y organizador de eventos próximo al PP, Jesús Fuentes, y el gerente de la empresa Aquagest en Santiago. Simultáneamente, aquella operación había implicado también el registro de la casa de Conde Roa, actualmente imputado en el mismo caso mientras permanece incurso en el proceso por presunto fraude fiscal que lo llevó a dimitir nueve meses después de acceder a la alcaldía.
