Los colegios gallegos reciben cartas exigiendo el pago de un canon por proyectar películas
El pasado mes de diciembre, la Consellaría de Educación remitió a los centros de enseñanza una circular en la que se les recordaba a los docentes la prohibición de proyectar películas completos o cualquier otro material audiovisual en su totalidad, según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. En las aulas, según la norma, sí se podrán exhibir fragmentos de obras audiovisuales siempre que “tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas”, que la difusión tenga lugar en el horario lectivo, “que se trate de obras ya divulgadas” y “que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada”. En la circular, Educación advertía de que, en caso de que no se respetaran estos límites, las gestoras de derechos podrían exigirles a los centros autorización previa e incluso podrían demandar compensaciones económicas.
Posteriormente la Consellaría acordó con una empresa privada la utilización de los contenidos audiovisuales por el precio de 1.25 euros por alumno/a y año. Así se recoge en una carta remitida este martes 24 de marzo a los centros educativos por el director general en España de Motion Picture Licensing Company, que pone a su disposición “una licencia anual para poder utilizar los contenidos audiovisuales por el precio acordado con la Xunta de Galicia de 1.25euros al año por alumno/a, IVA no incluido”.
El sindicato CIG-Ensino considera “totalmente inaceptable e injustificábel que la Consellaría, en lugar de facilitar el uso gratuito y total de los recursos audiovisuales, mercantilice y facilite un negocio a cuenta de los centros educativos, a pesar de que año tras año han recortado los presupuestos para su funcionamiento”. Le exige además a la Consellaría que “de inmediato prohíba el cobro y el negocio de empresas privadas en los centros educativos y que garantice la total gratuidad de la utilización de los recursos audiovisuales como recurso pedagógico y didáctico, tal y como se venía haciendo hasta lo de ahora”. Añade que “es impropio de una administración educativa que propicie y alimente un negocio particular a cuenta de un servicio que la administración educativa está obligada a facilitar”. De igual modo, hace un llamamiento a las direcciones de los centros y al profesorado “para que no paguen ningún impuesto por realizar su trabajo y que continúen usando todo tipo de herramientas que son necesarias para realizar su trabajo con la mayor eficacia posible”.
El sindicato recuerda que “la utilización, reproducción y exhibición de material de carácter audiovisual, fotográfico o plástico es algo inherente a la práctica docente” y que “su uso es imprescindible en la mayoría de las asignaturas, ya que facilita, acompaña e ilustra el aprendizaje, la comprensión, la reflexión y la visión crítica”. Asimismo, señala que “la renovación y la innovación pedagógica no puede entenderse sin el uso de todo tipo de material, recursos y soportes en los que se manifiestan la cultura, las artes plásticas, audiovisuales y artísticas y que deben estar a la disposición de los centros” y añade que “es incomprensible intentar limitar la tarea docente exclusivamente al uso del libro de texto y descartar el uso de los recursos cinematográficos, musicales o documentales en las aulas”.
CIG-Ensino ya había llevado el tema a la Mesa Sectorial realizada el día 10 de febrero de 2015, solicitando la derogación de la circular distribuida en diciembre y señalando que consideraban “una irresponsabilidad de la Consellaría” el “trasladar el problema a los centros educativos y limitar el uso de los recursos audiovisuales”. “Si hay conflicto con los gestores de esos derechos, debe ser la Consellaría la que pague el uso de los mismos y no los centros”, añadía.
En Galicia hay alrededor de 260 mil alumnos y alumnas matriculados en los centros públicos de enseñanza no universitaria. Si todos los centros pagasen la cantidad acordada entre la Consellaría de Educación y Motion Picture Licensing Company, esta empresa privada recibiría 325.000 euros anuales más IVA.
