La Defensora gallega se va con un reguero de polémicas, derechos cuestionados y elogios del PP
Cuando, en verano de 2015, Milagros Otero fue elegida como Valedora do Pobo [Defensora del Pueblo de Galicia], tenía ante sí una misión principal: devolver el sosiego a una institución que llevaba tres años con un responsable en funciones, José Julio Fernández, a quien había tocado asumir provisionalmente el puesto tras la dimisión del titular del cargo, Benigno López, por su polémica defensa pública de los recortes sociales en plena crisis económica. Otero, catedrática de Filosofía del Derecho que en sus diversas intervenciones públicas nunca había ocultado su afinidad ideológica con el PP, había sido la propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo para liderar una institución que tiene como principal misión velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los derechos fundamentales, precisamente, han estado en el centro de varias de las polémicas en las que Otero ha sido protagonista durante el cuatrienio en el que ha ocupado uno de los principales puestos de la autonomía gallega, cuatro años que acaban de finalizar con su dimisión por el caso del puesto “a medida” para una sobrina de Manuel Fraga. La primera y políticamente más sonora, sobre el tratamiento a personas sin hogar en Santiago de Compostela. La alta comisionada había asegurado, al presentar el informe de su primer año completo como Defensora, que había recibido “muchísimas” quejas al respecto.
Pero esas “muchísimas” quejas realmente eran dos de las más de 65.000 recibidas ese año, lo que no impidió que el rifirrafe con el gobierno local de la capital gallega, entonces dirigido por Compostela Abierta, se extendiera durante casi dos años. En ese tiempo Otero no había ahorrado críticas al Ayuntamiento e incluso había revelado en el Parlamento datos personales de tres personas sin hogar para, acto seguido, cargar contra las asociaciones sanitarias y colectivos sociales que le habían reprochado esta conducta. Las “muchísimas” quejas que eran dos acabarían siendo archivadas.
Con los derechos ciudadanos, concretamente con el derecho a la libertad de expresión, tuvo que ver también otra de las polémicas de Otero, en este caso posterior al estallido del caso que acabaría propiciando su dimisión. En otoño de 2018 la Plataforma Mina Touro-O Pino Non colocó, con el permiso de la Plaza de Abastos de Santiago, dos pancartas contrarias a la reapertura de esta explotación minera. Personas próximas a las promotoras de la mina se dirigieron a la Defensora para protestar por los carteles asegurando que habían pedido al Ayuntamiento y a la propia Plaza que fueran retiradas, pero la respuesta había sido “negativa”.
Tras esa comunicación, Otero decidió abrir un expediente y pedir explicaciones al Ayuntamiento. De este modo, había intercedido de facto ante el gobierno local para retirar las pancartas colocadas en el mercado, lo que había causado gran estupor entre la plataforma contraria a la mina. El pasado junio esta plataforma vecinal volvió a recibir el apoyo de la Plaza de Abastos de Santiago con la colocación de nuevas pancartas.
Y sobre derechos, en última instancia, versó también el caso que ha acabado por costarle el puesto a la ya ex Valedora. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia sentenció que Milagros Otero intervino de manera “arbitraria” y con “desviación de poder”, dejando “patente la infracción de los principios de mérito y capacidad” para adjudicar un puesto de jefa de servicio en la institución “a la medida” de una sobrina del ex presidente Manuel Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, e hija de un profesor de la USC de quien Otero había sido “discípula” académica. Otero intentó por dos veces recurrir la sentencia ante lo Supremo, que rechazó tal trámite.
Este es el telón de fondo, con la solicitud de subida de salario como acto final, de la dimisión -esta vez, real- de Milagros Otero. Tras hacerse pública, el PP gallego salió al paso a través de su viceportavoz parlamentaria, Paula Prado, con elogios por el “intenso trabajo” de quien, a su juicio, “ha conseguido dar un impulso importante” y “acercar la institución a toda la sociedad gallega”. “La renuncia presentada por Milagros Otero es una decisión que la honra, porque deja su cargo después de una sentencia estrictamente administrativa que ni siquiera invalidó el proceso en su totalidad”, dice Prado.
