Feijoo vuelve a pedirles “explicaciones” a los suyos por los escándalos de Santiago
Molesto, incómodo. Incluso, por veces, airado. Es como se muestra el presidente de la Xunta al tener que responder sobre la situación del gobierno local de Santiago. Alberto Núñez Feijóo está cualquier cosa menos satisfecho con que, desde comienzos de año, cada comparecencia posterior al Consejo del Gobierno gallego se convierta, en mayor o menor medida, en una disertación sobre los casos de presunta corrupción o supuestas irregularidades en el gobierno capitalino y sobre las medidas que va o no tomar al respeto. Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Rebeca Domínguez, Ángel Espadas, Albino Vázquez... son nombres más presentes en las preguntas de la prensa que los de cualquier consejero. El último en llegar a esta lista es lo de Juan de la Fuente, edil compostelano de Obras que, según La Voz de Galicia, tramitó subvenciones para una asociación vecinal facilitando facturas falsas. Este jueves Feijóo fue cuestionado al respeto y “otra vez” sobrevoló el lodazal político compostelana exigiéndoles explicaciones a propios y extraños.
Veinticuatro horas después de que, en el Parlamento, les pidiera cuentas a AGE y al BNG por, precisamente, cuestionarlo sobre el Ayuntamiento de Santiago, Feijóo expuso una argumentación que corre el riesgo de convertirse en letanía gubernamental: “La información que tenemos a través de los medios necesita una explicación de cual es la situación”. “La falsificación de facturas es un delito y, en consecuencia, si alguien comete delitos tendrá que responder”, evidencia el presidente, que acto seguido envía el enésimo recado a sus compañeros de filas en Compostela. Esas explicaciones “les corresponde” darlas “al concejal o concejales” supuestamente implicados en el caso “y, por supuesto, a la Alcaldía de Santiago”. “Estaremos muy atentos, como siempre, a este tipo de situaciones y actuaremos como corresponda”, dice.
Y, como corresponde? Mientras, en el consistorio el alcalde estrena reorganización del equipo de gobierno y trata de arreglar el relevo de Albino Vázquez -en el próximo pleno Currás tendrá que utilizar el voto de calidad para no quedar en minoría tras la marcha del edil, en libertad bajo fianza-, Feijóo asegura que él “mantiene” el “deber de todos los regidores de dar explicaciones y garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento”. “Acabo de pedir explicaciones en relación con la información que aparece en un periódico” y “si después hay que tomar alguna decisión, yo impulsaré esa decisión”. Y, en este punto, más peticiones de explicaciones, en este caso para PSdeG y BNG.
“Yo desconozco en que puede quedar la investigación sobre la Alcaldía de Santiago” y “se continuará a empresas cuyos responsables algunos de ellos están en prisión [Aquagest] y fueron los mayores contratistas durante las legislaturas -en referencia a los mandatos municipales- anteriores”. Como en la sesión de control parlamentaria, el también jefe de filas del PPdeG insiste en que esta empresa tuvo contratos por “145 millones de euros, con más de 111 facturas en el bipartito” y “en la actual corporación, cero euros”. “Otra” de las empresas investigadas “tiene contratos por seis millones durante el bipartito y ahora, 114.000 euros”, mantiene. “Lo que tiene que quedar claro es que hay que dar explicaciones a todo el mundo” y que todo el lío “no puede afectarles a los ciudadanos de Santiago”.
Afectada o no, el vecindario de Compostela, poco acostumbrado a estridencias en su consistorio, sigue asistiendo al desfile de ediles y ex ediles por los juzgados de Lugo -Conde Roa declara en calidad de imputado en el caso Manga el próximo día 4- y a una confusa ceremonia en el Pazo de Raxoi, edificio noble de la Plaza del Obradoiro que comparten el Ayuntamiento y la Xunta. Desde la sede municipal este mismo jueves el PSdeG local reclamaba la apertura de una comisión de investigación sobre todo lo que está sucediendo y el BNG, además de exigir la disolución de la corporación y la convocatoria de nuevas elecciones, pedirá en pleno la aplicación del Código del Buen Gobierno Local elaborado por la Federación Española de Municipios y provincias “en aras de configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas y, por el contrario, sirva para generalizar las buenas prácticas”. Unos y otros, en general, esperan por el siguiente capítulo, sea el que sea.
