Feijóo llevó en su programa prohibir las reformas electorales sin consenso
“Pretendemos dar respuesta al clamor ciudadano que nos pide solucionar los problemas y no peleas entre nosotros”. “Ha llegado el momento de comprometerse y de devolver la credibilidad a la clase política, eso es lo que quiero certificar”. A mediados de febrero de 2009, cuando faltaban apenas dos semanas para las elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo presentaba de este modo las líneas maestras de su programa electoral, resumido después en el publicitadísimo Contrato con Galicia. Feijóo presentaba sus compromisos “frente a los supuestos programas electorales de PSOE y BNG, que no son más que un trámite que realizan a sabiendas de que no los van a cumplir”. En aquel programa, entre otros compromisos, se incluía la promesa de impedir por ley las reformas electorales sin consenso, justo lo que ahora se dispone a hacer el propio Feijóo en Galicia mientras anima a que Mariano Rajoy haga lo propio en el Estado.
Ese objetivo programático llegaba apenas dos años después de que, como viene relatando este diario, Feijóo reclamara ilegalizar las reformas electorales unilaterales. En el marco del intento de reforma del Estatuto, el líder de los conservadores gallegos había reclamado equiparar las eventuales modificaciones de la Ley de elecciones con otros procesos parlamentarios como la elección del Valedor do Pobo o la propia modificación estatutaria, que exigen acuerdos de mayorías cualificadas, de dos tercios o tres quintos del Parlamento y, por lo tanto, el pacto de más de una fuerza política. Coherentemente con esta reclamación, lo habían incluido en su programa, específicamente en la página 274 del documento, titulado Propuestas para recargar Galicia.
En un contexto en el que se comprometía a retomar la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía, el PP de Feijóo explicaba que, “en el ámbito de la norma estatutaria”, iban a proponer una serie de medidas “para reforzar la centralidad del Parlamento”. Entre ellas figuraba “establecer una mayoría cualificada de dos tercios para aprobar y reformar la legislación electoral gallega”. “La normativa electoral –evidenciaba aquel texto– es la que fija las reglas básicas de juego en el sistema democrático, de ahí la conveniencia de que concite el mayor acuerdo posible”. La exigencia de una “mayoría cualificada”, abundaban, “permite acercarse a una decisión de consenso”.
Esta propuesta, igual que otras que la acompañaban, como fijar en el Estatuto la celebración de comisiones de investigación u “otorgar iniciativa legislativa” a los ayuntamientos, nunca llegó a aprobarse y en el siguiente programa electoral autonómico del PP, el de 2012, simplemente había desaparecido. En su lugar, los populares incluían otras como que “la austeridad continúe impregnando todas las actuaciones del Parlamento de Galicia” o la reducción “del número de diputados a 61”, recorte para el cual es necesario, precisamente, reformar la Ley de elecciones.
Referencia a la reforma electoral en el programa de Feijóo en 2009
Recorte unilateral
Frente a estas promesa de hace apenas media década, el partido que sustenta al Gobierno en Galicia y en España reitera su intención de aplicar las dos reformas electorales aunque nadie más las apoye. El último en afirmar este propósito ha sido el vicepresidente de la Xunta y secretario general del partido, Alfonso Rueda, quien en una entrevista en RNE apeló precisamente al programa electoral, el de 2012, para justificar la medida. A juicio de Rueda, el hecho de obtener en 2012 “más escaños de los que tenían –a pesar de perder más de 100.000 votos– ” hizo que los conservadores fueran “legitimados” para “llevar a cabo dicha reforma”. “El Parlamento puede funcionar costando menos dinero”, dice, en un contexto en el que el propio PP se negó a las propuestas de PSdeG, AGE y BNG que apostaban por mantener el número de escaños rebajando su coste.
Rueda defiende la unilateralidad en Galicia y también en el resto del Estado, en este caso para ilegalizar los gobiernos locales de coalición y hacerlo a escasos meses de las elecciones, contradiciendo así el manual de buenas prácticas electorales de la UE, entre otras recomendaciones internacionales. “El PP tiene la intención de llevar adelante la reforma”, advierte, negando en este caso que la reforma perjudique a alguna opción política, toda vez que “todos los partidos se presentan en igualdad de condiciones”. Para los populares, la conformación de mayorías sustentadas en más de un partido implica “que gobiernen los que pierden” y eso “no es fácil de entender”.
