El Gobierno presenta la primera exposición "en clave de memoria democrática" que recupera al Pazo de Meirás como un bien de uso público

Un hombre viste una camiseta con los colores de la República en la primera jornada de apertura al público de los jardines de las Torres de Meirás.

La "memoria democrática" será la "clave" de la primera exposición en el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) tras la histórica sentencia que lo reintegró al patrimonio del Estado. No será todavía la muestra permanente definitiva, debido al enredo judicial sobre la propiedad de los muebles y obras de arte que mantiene la mayor parte de las estancias inaccesibles al público, pero sí sienta la base del "relato" que el Gobierno central busca para uno de los lugares emblema de la dictadura franquista. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática encargó el trabajo a los profesores Xosé Manuel Núñez Seixas y Emilio Grandío y lo presentará este jueves 7 de octubre a las cinco de la tarde, en el propio pazo.

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Nunca hasta ahora el lugar había acogido su propia historia "en clave democrática". La única intepretación disponible in situ había sido un panel colocado por la Fundación Franco. El acto de presentación ha supuesto la paralización temporal de las visitas que, desde junio, posibilitaban a la ciudadanía conocer los jardines que el dictador usó para escenificar su vida familiar y también hacer política.

Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela, y Grandío, profesor de la misma materia en la misma universidad, forman además parte de la comisión de expertos que trabaja en el futuro plan de usos de Meirás. Pero éste tendrá que esperar a que la vía judicial llegue a término. El último episodio afecta a los muebles y obras de arte que alberga el pazo. El juzgado rechazó la petición de los Franco para retirarlos y emplazó a las partes -los nietos del dictador y las administraciones implicadas: Estado, Xunta, Deputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña- el próximo 22 de octubre para determinar "qué bienes deben tener la consideración de inmuebles" y, por lo tanto, no pueden ser retirados.

La Xunta y Pardo Bazán

El anuncio de la exposición supone un nuevo movimiento en la sorda disputa por el significado del Pazo de Meirás que enfrenta a Xunta de Galicia y Ejecutivo central. Hace dos semanas, el conselleiro de Cultura Román Rodríguez aseguraba que su departamento también preparaba una exposición en Meirás, pero sobre Emilia Pardo Bazán, su propietaria entre 1893 -año de su construcción sobre unas ruinas existentes en la parcela- y 1921, cuando falleció la escritora. "[Queremos] poner en valor este inmueble como espacio de democracia, cultura, defensa de la mujer, igualdad y del legado de su creadora", afirmó entonces. Siete días después de hacer públicas sus intenciones, todavía no las había comunicado al Gobierno central, titular del inmueble. Oscurecer la etapa franquista con la excusa del feminismo de Pardo Bazán es el eje del discurso que el Gobierno de Núñez Feijóo sostiene desde que un juzgado de A Coruña declaró en septiembre de 2020 que Meirás pertenece al Estado y no a la familia Franco.

Porque el dictador se hizo con él en 1938, en plena Guerra Civil. El mecanismo lo estableció una autodenominada Junta Provincial Pro Pazo Caudillo, conformada por empresarios adeptos al golpe del 36, que realizó una colecta forzosa para adquirir la propiedad y fincas adyacentes y entregársela al cabecilla de los sediciosos. La confusión entre lo personal y lo político que caracterizó su régimen provocó que, una vez muerto Franco y restaurada la democracia, la mansión continuase en manos de sus herederos. Solo la movilización vecinal, de activistas por la memoria antifascista y de los partidos de izquierda y nacionalistas, empujó al Estado a actuar judicialmente. Lo hizo el Gobierno de Sánchez, lo que desembocó en la sentencia que devolvió el pazo a la propiedad pública.

Fue entonces cuando la Xunta de Galicia inició la ofensiva para imponer su visión sobre las famosas torres. Poco importaba que, todavía en 2017, el propio Feijóo asumiese las tesis de los Franco en el Parlamento de Galicia y ordenase a sus diputados votar en contra de "recuperar para lo público" Meirás. Sería aplicar "un mecanismo franquista", dijo en una pirueta retórica. No tardó en rectificar, a la vista de los acontecimientos, y en 2020 celebraba el dictamen judicial: "El Pazo ya es de todos". Y, tras una reunión de su gobierno, avisaba de que redactaba un "plan de usos" basado en la figura de Pardo Bazán, a su juicio uno de los iconos "más importantes de la cultura y la literatura gallega y el feminismo". Ni Feijóo ni su gabinete han dejado de insistir en su estrategia. Sí, en Meirás paso gran parte de su tiempo el dictador, pero eso no es lo importante: "Que Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable".

Las puertas todavía no del todo abiertas

La Xunta intentó trasladar allí su acto institucional del 8M y la entrega de las medallas Pardo Bazán -uno de los muchos galardones que reparte, éste creado en 2019-. El Gobierno no lo permitió y adujo que no se daban aún las condiciones adecuadas. Lo hizo unos meses después, en septiembre. El acto estuvo limitado por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus y ni siquiera asistió, pese a estar previsto, Núñez Feijóo. "En un día como hoy le devolvemos a las Torres de Meirás su carácter de símbolo del saber, de la cultura, de la tolerancia", repitió el mantra la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, habitualmente de bajo perfil público.

El Gobierno central tampoco dejó, en junio, que una marcha con el lema Meirás é a nosa memoria. O pazo xa é noso [Meirás es nuestra memoria. El pazo ya es nuestro] convocada por colectivos de defensa de la memoria histórica accediese a los jardines. Tres meses después, la Asociación Cultural Suárez Picallo de Sada denunciaba públicamente que el Estado les había denegado permiso para realizar un acto institucional en Meirás "en atención a la situación jurídica del inmueble" justo durante los mismos días que autorizaba a la Xunta a imponer las medallas Pardo Bazán.

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