Imputado por malversación un miembro del ente que vigila las cuentas públicas gallegas
Fue uno de los hombres fuertes de la Xunta en tiempos de Manuel Fraga y aspirante frustrado a la alcaldía de Santiago por el PP y, desde 2013, es miembro del Consello de Contas, ente autonómico encargado de velar por la limpieza de las cuentas públicas en Galicia. Este es el bagaje que el próximo 22 de julio acompañará a Dositeo Rodríguez en su declaración como imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela, dependendiente de la Xunta.
La titular del juzgado de instrucción número 2 de Padrón (A Coruña) se encuentra inmersa en una investigación por presuntas irregularidades en la Fundación dedicada a la figura del Premio Nobel en la que está presuntamente implicada su viuda, Marina Castaño, sobre la que pesa la imputación por malversación y, además, otras dos por fraude de subvenciones y apropiación indebida. Entre las supuestas irregularidades que se investigan en la entidad está un fraude en el IVA de las obras en la sede de la fundación, que la investigación atribuye a Castaño.
La imputación de Rodríguez, patrono de la fundación de 2001 a 2014, está ligada al pago con fondos públicos del despido del anterior gerente de la entidad, Tomás Cavanna, también imputado en el caso. Cavanna fue sustituído en la gerencia por Covadonga Rodríguez, hija de Dositeo Rodríguez que tendrá que declarar imputada el mismo día y por el mismo presunto delito que su padre. El ex conselleiro, por su parte, ha defendido la legalidad de la operación cuestionada por la jueza a través de un comunicado difundido en El Correo Gallego.
Fundación 'nacionalizada' tras años de mala gestión
La Fundación Camilo José Cela es actualmente una entidad pública dependiente de la Xunta de Galicia, que tras años de inyecciones económicas para compensar la mala gestión de los responsables de la entidad decidió rescatarla definitivamente en abril de 2012, en los últimos meses del primer mandato de Alberto Núñez Feijóo. Cuando el Gobierno gallego tomó el control de la fundación mantuvo en la gerencia a Covadonga Rodríguez.
Desde su paso al patrimonio público la Fundación Cela ha sido toda una isla en el océano de recortes aplicado por la Xunta, especialmente severo en el ámbito cultural. Así, la oposición parlamentaria ha denunciado en varias ocasiones el “trato escandalosamente privilegiado” que ha venido recibiendo esta entidad a través de, por ejemplo, dos convenios que sumaban 400.000 euros para sanear sus cuentas o aportaciones anuales de casi 260.000 euros procedentes del recortado presupuesto de la Consellería de Educación y Cultura.
