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La “amenaza megaminera” une a 17 colectivos gallegos contra la destrucción del territorio

Manifestación contra la megaminería en Santiago

Miguel Pardo

La nueva amenaza megamineira en la Costa da Morte ha puesto en alerta a los movimientos sociales en Galicia. La concesión por parte de la Xunta a la empresa Grupo M-FM 2001 del permiso de exploración para buscar oro en más de 4.300 hectáreas -junto con otra solicitud en trámite para otras 4.536- ha provocado la reacción de 17 asociaciones ambientalistas. Advierten de los múltiples riesgos que en su opinión suponen proyectos como este, parecido al finalmente descartado de Corcoesto, y dicen no entender por qué “no se da prioridad a la agricultura, que es una alternativa sostenible, con vocación de permanencia en el tiempo que genera puestos de trabajo de calidad y de futuro frente a estas actividades destructivas y temporales con puestos de trabajo precarios y de muy poca duración”.

En este caso, tal y como se puede comprobar en el Diario Oficial de Galicia, la Consellería de Economía ha admitido la solicitud de M-FM 2001 para la investigación de 156 cuadrículas mineras que abarcan los municipios de Santa Comba, Zas, Vimianzo y Coristanco. Los colectivos unidos contra este proyecto advierten de que supone 43,6 kilómetros cuadrados, equivalente a 4.360 campos de fútbol, situados en el conocido como citnurón de oro de Malpica-Tui.

Además, alertan de “dificultades en el acceso a la información necesaria para hacer alegaciones”, ya que la documentación no está disponible en los Ayuntamientos y los interesados tienen que desplazarse a la delegación de la Xunta en A Coruña, así como de los retrasos a la hora de recibir los textos, que impide muchas veces alegar. “La Consellería debería informar a las personas afectadas que un permiso de investigación de recursos mineros tipo C puede convertirse en un futuro no muy alejado en un permiso de explotación que podría cambiar para siempre sus vidas”, dicen.

Por su experiencia en otros casos semejantes, los colectivos ambientalistas recuerdan que las leyes de minas y de expropiación forzosa -“franquistas ambas”, dicen- permiten que los propietarios de terrenos afectados por el proyecto “puedan perder las tierras por un ”justiprecio“ que ”normalmente no va a ser justo“. ”Eso en el mejor de los casos, porque podría suceder que tu casa se quede al pie de la explotación, que no la expropien pero que tengas que soportar ruidos, boquetes, polución...“, avisan.

Además, adelantan que M-FM 2001 buscará ahora la “licencia social para su actividad” y creen que contratará una persona “con buena consideración entre el vecindario” para “convencer de la necesidad de que permitan hacer las catas en sus terrenos”. “Prometerán puestos de trabajo para aquellas personas y sus familias que permitan gratuitamente agujerear en sus tierras. Dirán que el oro correrá por las manos de todas y todos, pero nada de eso sucederá”, aseguran en referencia a episodios pasados, como el de proyecto de Corcoesto.

La asociación Petón do Lobo advierte también de que una vez aprobado el permiso de investigación, “los municipios ya no van a poder hacer nada por parar la exploración en su dominio público”, por lo que los colectivos instan a los cuatro ayuntamientos afectados a que “estudien el expediente, lo divulguen entre el vecindario y hagan las oportunos alegaciones oponiéndose a él”. “Hablamos de un entorno humanizado, con valiosos elementos patrimoniales, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales”, dicen, al tiempo que avisan al vecindario de que “tiene derecho a no permitir que entren en sus fincas a trabajar” y que, en el caso de hacerlo, “las autoridades tienen el deber de proteger sus propiedades”.

Los colectivos dicen intentar advertir de las prácticas de las empresas mineras y de los “riesgos” de perder sus fincas a aquellos que permitan las actividades de la empresa en sus tierras y avisan de que estas compañías “habitualmente rompen la paz social enfrentando al vecindario entre quienes buscan un puesto de trabajo en la mina y quienes se oponen a las instalaciones mineras”.

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