La Guardia Civil considera delito la destrucción de un yacimiento arqueológico que la Xunta vio legal sin siquiera investigar
“El movimiento de tierra que está en marcha no precisa de autorización de Patrimonio”. Esa fue la respuesta que la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia dio a este diario el pasado 6 de febrero cuando se le preguntó por la excavación que una empresa de construcción contratada por el propio Gobierno gallego para arreglar una carretera autonómica estaba realizando en un lugar del municipio de O Rosal (Pontevedra) catalogado como yacimiento arqueológico por ser una antigua mina romana. Según admiten varias fuentes del propio Gobierno gallego, cuando Cultura contestó restando importancia a los hechos ni siquiera había visitado el lugar ningún técnico para comprobar lo que allí sucedía. Dos meses después, este jueves la Guardia Civil emitió una nota de prensa en la que informa de que ha puesto el caso en conocimiento de un juzgado por considerar que se produjo un delito contra el patrimonio.
Según el relato del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, una patrulla pudo comprobar cómo “se estaban realizando trabajos de excavación en la zona donde se encontraba la mina, para retirar la tierra y utilizarla de relleno en las obras de la carretera PO-353 que discurre por el mismo municipio”, carretera autonómica que pasa a aproximadamente un kilómetro del yacimiento y cuyos trabajos de reparación fueron encargados por la Consellería de Infraestructuras.
Praza.gal preguntó en el mediodía del pasado 5 de febrero a la Consellería de Cultura, tanto por teléfono como por correo electrónico, si esa excavación en un lugar catalogado como yacimiento arqueológico con la denominación de mina romana de As Medas, próximo además a otro bien catalogado, la capilla de Santa Ana, contaba con permiso del departamento de Patrimonio de la Xunta y qué restricciones se habían impuesto.
La respuesta de Cultura llegó más de un día después, el 6 de febrero a las seis de la tarde, en un correo electrónico en el que el departamento de comunicación de la consellería señalaba que Patrimonio les explicaba que “la empresa solicitó autorización para realizar movimientos de tierras en el entorno de la capilla, relacionada con la obra de mejora de la carretera PO-353”, y añadía que esa excavación se realizaría en dos fases. “La primera, que es la que está en marcha, no precisa de autorización de Patrimonio. La segunda fase es la que estaría afectada por la autorización de Patrimonio, en trámite en estos momentos”, e insistía en que esa supuesta segunda fase aún no había comenzado ya que la Administración aún estaba analizando la documentación que le había remitido la constructora.
Según han comunicado a este diario varias fuentes de la propia Xunta, cuando la Consellería de Cultura dio esa respuesta, ninguno de sus técnicos había comprobado en el lugar si estaba en marcha o no una excavación que afectase al propio yacimiento. Un día más tarde, el 7 de febrero, un particular llamó también a la Consellería de Infraestructuras, responsable de la obra en la carretera para la que se estaba retirando la tierra del yacimiento, departamento en el que la llamada fue desviada varias veces sin que nadie fuese capaz de atender el aviso de que los trabajos podían estar afectando a un espacio protegido.
Fue ese día, 7 de febrero, dos días después de la consulta de Praza.gal y uno después de que la consellería diese su respuesta restando importancia a la excavación que ya se estaba produciendo, cuando el departamento autonómico de Patrimonio en la provincia de Pontevedra fue conocedor de ese movimiento de tierras y decidió abrir una investigación. Sin embargo, su departamento de arqueología, como los del resto de provincias, según varias fuentes consultadas en ellas, está bajo mínimos de personal y no tiene capacidad para hacer inspecciones con rapidez. Esa lentitud en inspeccionar el lugar por parte de la Xunta fue lo que llevó a un particular a presentar una denuncia ante el Seprona, que se desplazó hasta el lugar y ordenó la paralización inmediata de las obras.
Según la Guardia Civil, su patrulla pudo comprobar el movimiento de tierras en la mina romana y que “además, la excavación carecía de la preceptiva licencia de obra urbanística de obra menor para movimiento de tierras”. El Seprona trasladó sus diligencias al juzgado de instrucción de guardia de Tui con un vecino de O Rosal como investigado como presunto autor de un delito contra el patrimonio.
Tras el comunicado de la Guardia Civil de este jueves, este diario preguntó nuevamente a la Consellería de Cultura si tenía algún comentario que hacer al respecto. El Gobierno gallego admite que la respuesta que dio el 6 de febrero a la consulta formulada por este diario un día antes fue “con la información que en aquel momento constaba en la Dirección General de Patrimonio respecto a esa obra”, esto es, sin comprobar la envergadura real de los trabajos. En ésta su nueva respuesta, Cultura dice que pidió al Ayuntamiento de O Rosal la paralización de los trabajos tres días más tarde de recibir la pregunta de este diario, el 8 de febrero, y no aclara la fecha en la que algún técnico suyo supervisó en el propio lugar el movimiento de tierras. A pesar de estos hechos, el Gobierno gallego sentencia que “la Consellería actuó de oficio en el mismo momento en que recibió comunicación de que se podía estar produciendo una posible infracción, y paralizó de inmediato las obras”.
