Plataformas sociales y ecologistas activan el trámite previo a la denuncia judicial contra Altri

La asociación ecologista ADEGA y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) han activado el inicio de acciones legales contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). Ambas entidades han presentado un recurso de alzada, un movimiento “previo” a la demanda judicial, por el silencio administrativo del ente Augas de Galicia a su solicitud de archivo de la concesión de aguas a la factoría. El proceso está sufragado con los 39.000 euros obtenidos en apenas 20 días en la campaña de recaudación solidaria Xustiza para o Ulla (Justicia para el Ulla), el río del que se abastecerá la instalación y que desemboca, 70 kilómetros después, en la ría arousana.

En un comunicado conjunto recuerdan que, aunque los trámites administrativos no están finalizados y el Proyecto GAMA —el nombre de la iniciativa impulsada por Greenfiber, la sociedad creada por Altri y el CEO de Greenalia— aún carece de permisos necesarios como la autorización ambiental integrada, “las irregularidades en la tramitación y, particularmente, en la concesión de augas” les “da pie” a acudir a la vía judicial.

El pasado mes de febrero, ADEGA y la PDRA solicitaron a la directora de Augas de Galicia que archivase el expediente de concesión de aguas procedentes del río Ulla con destino a uso industrial, donde se recogen valores de hasta 46.000 m3/día, el equivalente al consumo de toda la provincia de Lugo. Lo hicieron basándose en los propios plazos de la normativa: el Reglamento del Dominio Público Hidráulico fija un tiempo máximo de 18 meses para resolverlo, algo que la solicitud de Greenfiber, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña el 30 de noviembre de 2022, cumplió el 30 de mayo de 2024 sin presentar su conclusión.

Las entidades reclamaron que se declarase la caducidad del procedimiento pero, tras más de tres meses sin respuesta, consideran que quedó desestimada por silencio administrativo. Por eso decidieron recurrirla en alzada y, en caso de un “nuevo silencio o desestimación”, continuar con una demanda por la vía contencioso-administrativa.