Los franquistas intentaron robar fondos de la campaña del Estatuto gallego del 36 mientras mataban a sus promotores

El 28 de junio de 1936 Galicia avaló en las urnas su primer Estatuto de Autonomía. Con las garantías procesales propias de la época el texto estatutario salió adelante con un 99% de los votos escrutados, una jornada de votación “espléndida” a la que se llegó tras una intensa campaña impulsada por fuerzas políticas y figuras del mundo de la cultura, pero también por ayuntamientos como los de A Coruña, Santiago o Vigo, que junto a otros de menor dimensión dieron soporte político y también económico al Comité Central da Autonomía, que tenía como secretario general a Enrique Rajoy Leloup, abuelo del actual presidente del Gobierno de España y líder del PP. Mítines en todo tipo de locales, pero también eventos festivos y la edición de abundantes materiales gráficos llenaron de color una campaña que llegó a manejar un presupuesto de unas 180.000 pesetas cuyos restos los franquistas intentaron, sin éxito, robar tras el golpe de estado mientras perseguían y, en algunos casos, asesinaban a los impulsores del Estatuto.

Los detalles de este robo frustrado fueron hallados recientemente por el investigador Luis Lamela en el Archivo General de la Administración del Estado, en Alcalá de Henares, donde se encuentra el libro general de entrada de correspondencia del Gobierno Civil de A Coruña. En ese registro quedaron reflejadas las comunicaciones que el ascendido a gobernador y delegado de Orden Pública, Florentino González-Vallés, mantuvo durante meses para intentar “incautar” el dinero.

El primero de esos movimientos llegó apenas dos semanas después de que el Estatuto plebiscitado fuera entregado a las autoridades de la II República, el 30 de julio, cuando uno de los militares sublevados advirtió por telegrama de que “en bancos y otras entidades de la región gallega existen cuentas corrientes abiertas” con “importantes sumas” dedicadas “al desmembramiento de la patria”. “Las autorizaciones para disponer de estas cuentas son firmas de significados elementos del Frente Popular y de sociedades obreras” que “si disponen de tiempo utilizarán tales fondos en beneficio suyo y perjuicio de España”, concluía el texto.

Ante de esta notificación el gobernador se dirigió a “todas las entidades bancarias de la provincia” para pedir información al respecto y exigir que, de existir, los fondos quedaran a “disposición” de la Delegación de Orden Pública. Al poco tiempo, el 1 de agosto, llegó respuesta procedente del Banco Pastor, con una aclaración. “No existe ni ha existido en este banco cuenta corriente de metálico Pro-Estatuto”, sino “una cuenta de crédito abierta al Comité Central de la Autonomía”, esto es, un préstamo de hasta 100.000 pesetas que sería sufragado “por cuenta de las subvenciones concedidas a dicho comité” por los ayuntamientos de A Coruña y Vigo y las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra. Esta póliza de crédito tenía la “garantía personal y solidaria”, el aval, del alcalde de Santiago, el galeguista Ánxel Casal, del presidente de la Diputación de A Coruña, José López Bouza, y de una tercera persona, Esteban Mariño.

El director del banco, Ricardo Rodríguez Pastor, facilitó a los golpistas -a los que en los años siguientes financiaría- un extracto de operaciones según lo cuál el Comité de la Autonomía había retirado hasta 80.000 pesetas del crédito, del que habían restado solo 20.000 disponibles y subrayó, además, que el Pastor se “había limitado, estricta y rigurosamente, a acceder a una operación bancaria solicitada y garantizada por personas que entonces ostentaban cargos públicos”. En las siguientes semanas los militares habían localizado además un saldo de 464,76 pesetas en otra cuenta del Banco Hispano Americano.

Intentos de incautación

En los primeros días de 1937 y después de múltiples cartas y telegramas el coronel Enrique Cánovas, gobernador militar de A Coruña, creía tener ya claro el procedimiento para “incautar” el dinero y emitió una orden al respecto. “Toda vez que el Comité Central de Autonomía era un organismo afecto por coincidencia de origen y fin al llamado Frente Popular tendente a la criminal desintegración de la Patria, he acordado la incautación a favor del Estado Español de las 20.000 pesetas no invertidas del crédito concedido por el Banco Pastor de La Coruña. (...) Dichas 20.000 pesetas serán ingresadas por el Banco Pastor en la cuenta del Tesoro del Banco de España”, ordenó.

Ese requerimento fue trasladado físicamente el 7 de enero del 37 a la sede del Pastor, donde los militares fueron informados de que el dinero del Estatuto, como tal, no existía. La póliza de crédito ya “había vencido” y el Pastor había iniciado los trámites contra “los avalistas” para intentar recuperar el dinero que “habían adelantado” para la campaña estatutaria, por lo que pidió “demorar” la incautación. Días después, explica Luis Lamela, los franquistas erigidos en “nuevas autoridades” hicieron ver a los militares a través de la 'Abogacía del Estado' que las 20.000 pesetas que intentaban cobrar realmente “no habían pertenecido en ningún momento” al comité autonomista, ya que nunca habían llegado a retirarlas y seguían siendo, en sentido estricto, “patrimonio del banco”.

En abril de 1937 la orden de incautación quedó definitivamente “sin efecto” por ser imposible de ejecutar pero, explica el investigador, quienes “no quedaron libres de responsabilidad patrimonial ante el Banco Pastor” fueron “los avalistas que se habían prestado a firmar el crédito para llevar adelante el plebiscito del 28 de junio”, por lo que la entidad intentó ir contra sus bienes, toda vez que los ayuntamientos y diputaciones que habían subvencionado la campaña se negaron, ya en manos de los golpistas, a librar el dinero que habían concedido. Ánxel Casal había sido asesinado el 19 de agosto de 1936 en Teo, cerca de Santiago y a López Bouza lo mataron apenas diez días después, el 30 de agosto, en el cementerio ferrolano de Canido.