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Un excargo de Renfe ve “evidente responsabilidad política” en el accidente del Alvia pero no dice de quién

José Enrique Villarino, excargo de Renfe, en su comparecencia en el Congreso

David Reinero

“El maquinista fue sólo el brazo ejecutor de una cadena de responsabilidades que rompió por el eslabón más débil”. Así resumió este miércoles el accidente del tren Alvia en su comisión de investigación en el Congreso José Enrique Villarino, ex-cargo de Renfe y consultor ferroviario que se viene mostrando muy crítico con el diseño del AVE gallego y con la gestión posterior del accidente, en el que murieron 80 personas. A su juicio, varias decisiones previas que fueron preparando el terreno para el siniestro fueron tomadas con una “evidente responsabilidad política” durante los períodos en que al frente del Ministerio de Fomento estuvieron los equipos del socialista José Blanco y de la popular Ana Pastor. Sin embargo, el compareciente no fue capaz de decir de quién fueron esas supuestas decisiones políticas.

Villarino, economista de formación y consultor en materia ferroviaria, ocupó entre 1986 y 2007, cuando se jubiló de esa empresa pública, diversos cargos en Renfe en áreas de planificación de servicios, proyectos estratégicos y larga distancia y alta velocidad. Tras el accidente viene escribiendo en un blog numerosos artículos críticos con Fomento, Adif y Renfe. Este miércoles tanto PP como PSOE se esforzaron en poner en cuestón sus conocimientos técnicos en materia ferroviaria y en evidenciar que las suyas son opiniones políticas, mientras que grupos como En Marea o ERC exaltaron su valentía al mostrarse tan crítico con el sistema ferroviario español. El propio Villarino admitió en su comparecencia que algunas de las afirmaciones que realizó este miércoles no las podría sostener en un juzgado pero que consideraba que sí debía decirlas en un foro político como esta comisión.

Villarino insistió en atribuir a motivaciones políticas algunas de las decisiones que redujeron la seguridad de la línea, en particular dos: la tomada antes de su inauguración en diciembre de 2011 de recortar la instalación del sistema de control constante de la velocidad propio del AVE (el ERTMS) hasta unos kilómetros antes de la curva de Angrois; y la tomada en 2012 de desconectar el sistema también a bordo de los Alvia a pesar de que de estar activo frenaría el tren antes de la curva si no lo hacía el maquinista por un despiste como el que sufrió aquel día. Por esas decisiones y la manera en que se tomaron, presuntamente sin evaluar de manera correcta el riesgo que suponían, están imputados en el juzgado seis técnicos de AdifRenfe y la consultora Ineco, pero ninguno de ellos ha declarado nunca recibir ninguna orden política.

Según el compareciente, sí hubo una “motivación política de acortar plazos” del AVE Ourense-Santiago que se evidenciaría en la coincidencia en el tiempo de su inauguración “con el cambio de Gobierno”. Sin embargo, la inauguración se produjo el 10 de diciembre de 2011, cuando el socialista Blanco ya gobernaba en funciones tras perder las elecciones un par de semanas antes. Villarino también puso en entredicho la puesta en servicio del tren Alvia ya en 2012 con la popular Ana Pastor en el cargo asegurando que la Audiencia Provincial de A Coruña cuestionó su homologación, algo que no sucedió. El propio compareciente no fue capaz de apuntar a los propios ministros como responsables de las decisiones: “Imagino que la máxima responsabilidad política no entraría en esos detalles, sino que alguien diría que 'el ministro tiene aquí una urgencia'”.

Villarino, a preguntas de En Marea, también aseguró que en “charlas de café” personal de Adif o Renfe le transmitió que hubo presiones de las empresas públicas para ocultar datos del siniestro, pero admitió que no tiene pruebas.

Tras Villarino, en la comisión compareció José Luis González Navarro, técnico de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y previamente de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento. Según dijo, la autorización que da la dirección general del ministerio para autorizar la puesta en servicio de la línea se basó en la documentación recibida de Adif y no es conocedor de ninguna irregularidad en la línea de AVE Ourense-Santiago ni de ninguna presión política: “Su inauguración fue conforme a la normativa”, dijo.

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