La Xunta calcula que apenas el 5% de los solicitantes obtendrán ayudas al alquiler por situación de vulnerabilidad derivada de la epidemia

El Boletín Oficial del Estado publicó, el pasado 11 de abril, una orden con el objeto de habilitar “un programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”. Un mes después, las personas interesadas no pueden todavía solicitarlas. La Xunta no ha desarrollado la tramitación de las mismas, aunque anuncia que lo hará a lo largo de este mes y que beneficiará a unos 2.400 inquilinos, el 4,8% de los 50.000 que, estiman, las pedirán.

Fuentes de la Consellería de Vivenda achacan la demora a que el Gobierno no transfirió los fondos del programa hasta “la semana pasada”. Serán 5,7 millones de euros de un total de 100 millones para todo el Estado. “Esa cantidad no será suficiente para cubrir los nuevos derechos creados por las ayudas ante el coronavirus”, señalan esas mismas fuentes. La aportación del departamento gallego para paliar esa escasez será 1,2 millones de euros, los remanentes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para las anualidades de 2020 y 2021. La subvención media será, dicen, de unos 400 euros durante seis meses.

Aunque el Gobierno gallego habla de retraso en las transferencias como causa de su tardanza, lo cierto es que otras comunidades autónomas ya han desenvuelto la normativa correspondiente. Es el caso de Asturias (el 17 de abril la publicó en su diario focial), Euskadi (el 30 de abril), Cantabria (el 2 de mayo), Canarias (el 3 de mayo), Extremadura (el 5 de mayo) y Castilla León (el 7 de mayo). Aragón también ha informado sobre sus propias reglas al respecto. De cualquier forma, una vez que las ayudas sean concedidas, estas podrán tener efecto retroactivo hasta el mes de abril.

Los factores que definen “la situación de vulnerabilidad económica” y que posibilitan el acceso a estas ayudas los estableció el Ejecutivo central en el decreto del 31 de marzo de “medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19”. El estar bajo un expediente de regulación temporal de empleo, con reducción de jornada por cuidados, o con una pérdida sustancial de ingresos si se trata de autónomos, que deriven en una caída de ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de ayuda son los principales. Y esa caída se mide en relación al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM): “Con carácter general, el límite es tres veces el IPREM mensual, que se incrementará en 0,1 veces por cada hijo a cargo de la unidad familiar, 0,15 en el caso de unidad familiar monoparental”. El importe será de un máximo de 900 euros mensuales.

Confrontación con el Gobierno central

La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, hizo de este tema asunto de confrontación con el Gobierno central. En la carta que remitió al ministro de Tranportes y Agenda Urbana José Luis Ábalos el 13 de abril -en la que también afirmaba que las medidas gubernamentales sobre vivienda “pueden desincentivar el mercado”- aseguraba que la aportación financiera adicional se quedaba corta. “Teniendo en cuenta la definición de situación de vulenrabilidad del decreto y la renta per cápita de Galicia, en un cálculo absolutamente conservador, se puede estimar que podrían acceder a estas ayudas entre 50.000 y 75.000 familias, lo que considerando una ayuda media de 400 euros al mes, implicaría la necesidad de destinar entre 120 y 180 millones”, dijo entonces. En Galicia, más de 140.000 familias viven en alquiler.

Quince días después, Vázquez comparecía ante la Deputación Permanente del Parlamento gallego. Allí escuchó la versión de la oposición, que criticó con dureza las medidas principales de su departamento, “insuficientes” en palabras de Antón Sánchez del Grupo Común da Esquerda, y de “poco alcance” para Ana Pontón, por “atrasar los pagos del alquiler pero no condonarlos”. Se referían a aplazamientos en los alquileres de viviendas propiedad del IGVS o a la asunción del total del bono Alugueiro Social, que afecta a 700 familias.

Ese mismo día, 29 de abril, la conselleira anunció en la Cámara que su consellería “ultimaba el texto del decreto por el que se convocarán las ayudas extraordinarias al alquiler creadas en el Real Decreto Ley 11/2020” y recordaba que el Estado no había transferido los fondos. Casi dos semanas más tarde, el Diario Oficial de Galicia sigue esperando el documento.