El hospital privado Povisa abre expediente disciplinario al Comité de Empresa por sus criticas
El hospital privado vigués Povisa amenaza con suspender de empleo y sueldo o incluso despedir a los y las integrantes de su Comité de Empresa, después de que estos y estas denunciasen, hace dos semanas, la pérdida de calidad asistencial que se está produciendo en el centro, así como la sobrecarga de trabajo que sufre el personal. La dirección les ha abierto abrió un expediente disciplinario (denominado contradictorio) al amparo del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, la fórmula prevista para tratar la hipotéticas faltas graves o muy graves cometidas por delegados de personal y miembros del Comité de Empresa. Los y las empleadas acusadas de estas faltas tienen derecho a presentar alegatos.
El convenio de Povisa prevé que las faltas graves sean penalizadas con una suspensión de empleo y sueldo de entre tres a diez días, mientras que las faltas muy graves pueden llevar a suspensiones de empleo y sueldo de hasta un mes, e incluso al despido disciplinario. El escrito en el que la dirección del hospital comunica la apertura de este expediente no indica si la falta de la que acusa a los y las trabajadoras es grave o muy grave, aunque califica la situación de “extrema gravedad”. Asimismo, destaca que las críticas suponen “una evidente deslealtad y una clara transgresión de la buena fe contractual, pues ataca directamente, con falsedades notorias, el buen nombre e imagen de la empresa”. La referencia a la transgresión de la buena fe contractual es relevante, pues el Estatuto de los Trabajadores recoge (artículo 54.2.d) esta falta (con idéntica redacción) como uno de los motivos que pueden llevar al despido disciplinario.
La presidenta del Comité de Empresa del hospital vigués, Edith Alfaya, explica que tienen previsto presentar un pliego de descargo para evitar la sanción y que cada sección sindical presentará, además, otro.
En la nota remitida a los medios, hace dos semanas, los y las representantes del personal de Povisa advertían de que el hospital estaba incumpliendo el convenio que mantiene con la Xunta, por el que se ocupa de 138 mil pacientes del área sanitaria viguesa, a cambio de un concierto anual de 75 millones de euros. El Comité de Empresa denunció los hechos ante el Sergas el pasado mes de diciembre, sin recibir más respuesta que la notificación de que se había abierto “una investigación”.
Alertan de la pérdida de calidad asistencial que se está produciendo en el hospital privado, así como la sobrecarga de trabajo que sufre el personal, sobre todo desde los 13 despidos que el hospital efectuó justo después de firmar con la Xunta la renovación de su concierto. Entre los despedidos estaban los diez celadores de planta y desde entonces son los auxiliares sanitarios quienes realizan sus funciones. “Estos hechos objetivan la dificultad para ofrecer la necesaria igualdad de atención a los pacientes que deriva el Sergas, por no disponer de los medios humanos necesarios para la correcta prestación del servicio, lo que supone un incumplimiento por parte de Povisa del acuerdo de gestión alcanzado con el Sergas”, denuncian.
Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública, explicaba hace unos meses en Praza Pública que “Povisa ofrece muchos menos servicios que el hospital público y es imprescindible que la opinión pública conozca cuál es su realidad”. “Carece, por ejemplo, de los servicios de obstetricia, de hemodinámica, de cirugía cardíaca o de psiquiatría. Povisa tiene un 16% menos de camas que el servicio público y tiene un 30% menos de médicos por cama que el hospital público. Es un hospital que tiene, además, 157 días de espera quirúrgica media, frente a los 65 del promedio de los hospitales públicos gallegos”, añadía.
En un caso parecido, hace un mes la dirección del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo anunció a través de una circular la retirada de los carteles que en diferentes puntos del centro denunciaban carencias de personal y gestión y amenazó con sanciones en caso de que esos avisos y mensajes volvieran a aparecer por los pasillos del edificio. Esta “censura” fue respondida al día siguiente por una acción de protesta (con bocas tapadas) del personal del Sergas.
