El Puerto de A Coruña, forzado a publicar las dietas de su Consejo de Administración: 100.000 euros en tres años
Los y las integrantes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña cobraron más de 100 mil euros entre 2015 y 2017 (101.938,64 euros), una cantidad que se queda en 67.346 euros tras las retenciones efectuadas. Estos importes corresponden a la asistencia de los distintos representantes institucionales a las 13 reuniones que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2015 y el verano de 2017, a razón de 747,88 euros brutos por persona y reunión (algo menos de 500 euros netos).
Estos pagos fueron destinados al Delegado del Gobierno (Jorge Atán), al representante de Puertos del Estado (Álvaro Mora), a las representantes de la Xunta de Galicia (Beatriz Mato, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o María Isabel Concheiro, secretaria general de Mar), a los delegados provinciales de la Xunta (Belén Docampo y Diego Calvo), a los representantes del Ayuntamiento de Arteixo (entre ellos su alcalde, Carlos Calvelo), al capitán marítimo de A Coruña (Gustavo Ortega) o a los presidentes de la Lonja de A Coruña (Severino Aires y Juan Carlos Corrás). El representante del Ayuntamiento de A Coruña, Xiao Varela, se negó a recibir retribución alguna por su participación en este organismo, ya que tienen lugar en horario laboral. Mientras, en el caso de los representantes de UGT, de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios las dietas percibidas fueron ingresadas directamente en las cuentas de sus respectivas organizaciones. En ocasiones, los representantes del Gobierno gallego ingresan posteriormente en la Xunta este tipo de pagos por representación institucional.
El Puerto de A Coruña se negó durante dos años a facilitar esta información, que por ley está obligado a comunicar. Así se lo exigió en varias ocasiones el propio concejal de Regeneración Urbana de A Coruña, Xiao Varela. Y, posteriormente, lo hizo también una vecina de la ciudad, una petición que la Autoridad Portuaria igualmente rechazó. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Abogacía del Estado obligaron al Puerto a comunicar los datos, algo que hizo finalmente en las últimas semanas de marzo. Eso sí, filtrándolos primero a un medio de comunicación. En su escrito, remitido al edil de Regeneración Urbana, Xiao Varela, la Autoridad Portuaria detalla -como le exigía el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- los importes brutos y netos de las “retribuciones recibidas por asistencia al Consejo de Administración”, identificando la fecha de percepción y la persona o entidad que las recibió.
En total, hubo en estos casi tres años (entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017) un total de 13 reuniones. La más destacada, por la importancia de las decisiones adoptadas en ella, fue la del 22 de diciembre de 2016, en la que el Consejo de Administración del ente portuario aprobó el inicio del proceso de subasta de los terrenos del complejo deportivo de la Solana y del Hotel Finisterre. Una decisión muy polémica que suponía la primera privatización de un espacio del litoral de la ciudad. Severino Aires, Jorge Atán, Beatriz Mato, Álvaro Mora, Carlos Calvelo, Belén Docampo, Gustavo Ortega, José Ramón Piñeiro, Consuelo Castro y María Isabel Concheiro recibieron 747.88 euros por su participación en aquella reunión, en la que votaron a favor de la privatización de los terrenos, con el único voto en contra del representante del Ayuntamiento de A Coruña (Xiao Varela).
En los últimos años la Autoridad Portuaria de la ciudad mantiene un enfrentamiento abierto con el Ayuntamiento (de Marea Atlántica), motivado principalmente por el futuro de los terrenos del puerto interior, que en la próxima década se quedarán vacíos tras el traslado de la mayor parte de la actividad al nuevo puerto exterior. La Autoridad Portuaria pretende construir en ellos miles de viviendas, centros comerciales y hoteles, con edificios de hasta diez alturas en primera línea de costa. El Ayuntamiento opta por darles un uso público, con zonas verdes y edificios dotacionales. El año pasado 4.000 personas se manifestaron en A Coruña reclamando que estos terrenos sigan siendo públicos y denunciando la “especulación” promovida por la Autoridad Portuaria.
