El referente del PP gallego en las europeas rechaza que la UE defienda los derechos sexuales femeninos
A finales de 2012 el Parlamento Europeo debatía en su sede de Estrasburgo el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto relativo al año 2011. El documento, de 80 páginas de extensión y elaborado por el eurodiputado demócrata-liberal lituano Leonidas Donskis, realizaba un repaso por las acciones comunitarias en este ámbito, partiendo de la necesidad de “mantener y respetar el papel de la UE como primera defensora de los derechos humanos, cooperando estrechamente en la aplicación en el mundo de una política coherente, ambiciosa y eficaz”. Este informe salió adelante sin votos en contra, si bien algunos eurodiputados, entre ellos el gallego Francisco Millán Mon, referente del PPdeG en las elecciones europeas del 25 de mayo y cuñado de Mariano Rajoy, quisieron hacer constar su desacuerdo con los puntos referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Junto al madrileño José Ignacio Salafranca, Millán Mon utilizó la figura parlamentaria de la “explicación del voto” para, “en el nombre de la delegación española del Partido Popular Europeo”, dejar claro que “si bien apoyamos” el informe “en la votación final, no estamos de acuerdo con las menciones de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos”. La razón esgrimida para esta oposición fue que la ponencia utilizaba “términos ambiguos” que “se suelen utilizar para referirse a cuestiones sensibles que pertenecen a la conciencia individual” y sobre las que, “además, las instituciones de la UE carecen de competencia”. “Por todo esto pedimos votación por separado y votamos en contra de estos apartados”, aclararon.
Pero, ¿qué rechazaban exactamente Millán Mon y Salafranca en nombre del PP español? Se trataba de cuatro puntos que, lejos de caer en posiciones de máximos, ponían el acento en asuntos que suelen aglutinar consensos, como la garantía de una salud sexual y reproductiva idóneas para todas las mujeres, la condena explícita de la mutilación genital femenina u otras prácticas de sumisión de las mujeres en el ámbito afectivo, sexual y reproductivo. Así, por ejemplo, el primero de los puntos criticados era el que instaba a la UE a “reforzar su acción para eliminar las prácticas de mutilación genital femenina, matrimonio precoz y forzoso, delitos de honor y aborto selectivo en función del sexo del feto”. En ese mismo punto el informe destacaba la “importancia del acceso adecuado a los medios médicos” y de la “información y educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos” para el “bienestar de las mujeres y de las niñas en todos los países”.
Contra el “pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos”
El segundo punto rechazado por Millán Mon advertía de que se “sigue prestando una atención insuficiente a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos”, socavando los acuerdos internacionales que tienen como objetivo “abordar la discriminación, incluida la desigualdad por razón de género, en las estrategias de población y desarrollo”. “Los avances en materia de salud reproductiva se ha visto limitados en algunos contextos por violaciones como el matrimonio infantil, precoz y forzado” o por la “negación de la autonomía de las mujeres y niñas para tomar decisiones libres de discriminación, coerción y violencia sobre su salud sexual y reproductiva”. Por esto el informe pedía “promover la igualdad de género” en estos ámbitos.
Mientras en el Estado español el ministro Ruiz-Gallardón aun no había puesto sobre la mesa su contrarreforma del aborto en Estrasburgo los conservadores a través de su diputado gallego explicitaban también su desacuerdo con la inclusión en las políticas de desarrollo de la UE de una “revisión exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos”. Tampoco consideraban oportuno que la Unión y los Estados miembros “velen” por que esta reformulación de objetivos se realice con la participación “de las distintas partes interesadas, incluida la sociedad civil, así como mujeres, adolescentes y jóvenes, de participar de una manera significativa”.
Por último, las objeciones firmadas por Millán Mon y Salafranca se referían al punto 125 del informe, en el que se le pide a la UE “que colabore estrechamente con ONU Mujeres” para “afianzar los derechos de las mujeres” y, en particular, para “promover la educación sanitaria y programas adecuados de salud y derechos sexuales y reproductivos, que forman parte primordial de la política de la UE en materia de derechos humanos y desarrollo”. Tampoco apoyaron que la Unión “vele por que las mujeres disfruten de un acceso equitativo a los sistemas públicos de asistencia sanitaria y unos sistemas de asistencia ginecológica y obstétrica idóneos, atendiendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud”.
