Santiago: En busca de la serenidad perdida
La vida municipal de Santiago de Compostela solía ser plácida y serena. Incluso aburrida. Hasta hace relativamente poco la última convulsión de relevancia databa de 1986, cuando Alianza Popular desbancó al socialista Xerardo Estévez de la alcaldía a través de una moción de censura pactada con la UCD, que inicialmente había apoyado el regidor del PSdeG. Un año después, en 1987, las elecciones municipales le otorgaron a Estévez la mayoría absoluta. Desde entonces y hasta los últimos comicios municipales la capital gallega había tenido alcalde socialista, en solitario o con el apoyo del BNG, e incluso el relevo en el poder, cambiando a Estévez por Xosé Sánchez Bugallo, se produjo sin excesivas estridencias. Pero todo cambió el 1 de julio de 2011. Ese día Gerardo Conde Roa (PP) tomó el bastón de mando ante Alberto Núñez Feijóo gracias a la mayoría absoluta que había obtenido en las urnas por apenas una docena de votos sobre socialistas y nacionalistas. Desde ese momento Compostela ascendió a los titulares para no volver a bajarse y su vida local transitó entre el Ayuntamiento y los tribunales.
La histórica mayoría absoluta del partido de la derecha en la ciudad llegó, desde el inicio, con un cierta incertidumbre. Las circunstancias personales del nuevo alcalde, que ya había protagonizado varias polémicas en sus cuatro años de oposición, alimentaron, prácticamente desde el minuto cero, las especulaciones sobre qué miembro de su lista lo sustituiría en el caso de ser necesario. De entrada, las miradas se posaban sobre Paula Prado, flamante número dos y portavoz del gobierno municipal. Pero, ¿qué podría precipitar la caída de Conde Roa?
Caída de Conde Roa y primer recambio
Fue en abril de 2012, nueve meses después de la toma de posesión, cuando se despejó la incógnita del motivo que haría irse al alcalde. El día 3 de ese mes El País Galicia publicaba que la Fiscalía acababa de denunciar al regidor compostelano por no pagar el IVA de 61 viviendas promovidas desde su empresa constructora, esto es, por fraude fiscal. Tras una Semana Santa en la que resurgió la latente guerra interna del PP compostelano el 16 de abril Conde Roa escenificaba su caída en una multitudinaria rueda de prensa. Se marchaba sin que Feijóo se lo pidiera y “limpio”, aseguraba -sería condenado en octubre de 2013-. Se iba, además, imponiendo un sustituto con el que cortó el acceso de Prado a la alcaldía: Ángel Currás.
Más allá de las ya indisimuladas pugnas intestinas del PP el perfil tranquilo de Ángel Currás auguraba la apertura de un período sin excesivos sobresaltos. Pero nada más lejos de la realidad. En los primeros días de 2013 el nuevo alcalde era citado por la jueza Pilar de Lara declarar como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco de la operación Pokémon. Un mes después la jueza ordenaba el registro de la casa de Conde Roa, detenía al edil de Seguridad, Albino Vázquez, y enviaba directamente a la cárcel al que había sido jefe de gabinete del primer alcalde, Ángel Espadas. Tras escasos días Conde Roa también resultaba imputado en el caso y al mes siguiente, le sucedía el propio al edil de Deportes, Adrián Varela.
La convulsión municipal fue prácticamente definitiva cuando el levantamiento del secreto del sumario permitió la salida a la luz de las escuchas telefónicas e indagaciones que sustentan la investigación de la presunta red corrupta. Pliegos de condiciones redactados a medida de las empresas de la supuesta trama, intercambios de favores, enchufes, contrapartidas de dudosa legalidad, financiación opaca y ética relajada en general escandalizaban casi a diario a la opinión pública gallega e incluso estatal. Es posible que por eso por eso que Currás intentase, formal e infructuosamente, que la jueza censurara la publicación de noticias en la prensa sobre el caso.
Tercer alcalde en tres años y gobierno no electo
La muy tensa e inestable situación del gobierno local tocó techo a pocos días de las elecciones europeas de 2014. El 19 de mayo siete miembros del gobierno local, la mitad más uno, se sentaban en el banquillo de los acusados para responder de un presunto delito de prevaricación por aprobar que el Ayuntamiento le pagara el abogado a Adrián Varela en el proceso de la Pokémon sin, a juicio de la Fiscalía y de la jueza instructora, atender a los requisitos legales. Los ediles fueron condenados a nueve años de inhabilitación y, como marca la ley, tuvieron que dejar el Ayuntamiento de inmediato. Esta sentencia condenatoria, revocada por la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado marzo, fue la que propició el segundo relevo en la alcaldía y la llegada del tercer regidor, Agustín Hernández, el conselleiro de Infraestructuras que había cerrado la lista de Conde Roa en 2011.
Es en este contexto en el que Santiago llega a las elecciones municipales. La apuesta personal de Feijóo para poner orden en el consistorio es también su apuesta para retener la alcaldía desde el primer puesto de la lista que cerró hace cuatro años. Enfrente tendrá a los portavoces de la actual oposición, Francisco Reyes (PSdeG) y Rubén Cela (BNG) y también a la emergente Compostela Abierta, con Martiño Noriega como cabeza de lista. Aspiran a entrar en la corporación, además, Compromiso por Galicia, liderado por Xosé Antón López, y Ciudadanos, que ha elegido como candidato al ex edil del PP Javier Sánchez-Agustino.