El Supremo confirma la prisión para el funcionario de Vigo que enchufó a la cuñada de la presidenta de la Diputación

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión de un ex alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo por haber enchufado a una cuñada de la presidenta de la Deputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva. El condenado, Francisco Javier G.O., promovió la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal con la finalidad de pagarle un salario a la familiar de Silva. La sentencia, que implica cinco años y tres meses de cárcel, es firme.

El dictamen ha ratificado la decisión inicial de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que condenó al funcionario por por un delito continuado prevaricación, en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Del mismo modo, ha confirmado la condena a este funcionario, al que se había aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, a una pena de inhabilitación absoluta por nueve años. El Supremo desestimó así los recursos del condenado y de la concesionaria municipal Imesapi S.A.

El administrador de esta entidad, Ramón C.A., también ha sido condenado, en su caso a un año y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, concurriendo las atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de colaboración. Asimismo, se ha confirmado la condena a ambos procesados a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Vigo en casi 108.150 euros, más los intereses procesales.

Carmela Silva, a una de cuyas cuñadas benefició la trama, es una de las personas de máxima confianza del alcalde Vigo, Abel Caballero. El condenado era, en el momento de las contrataciones, el jefe de Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento. La sentencia considera probado que participó, entre 2008 y 2013, en un plan para contratar “de forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo” a una familiar de Silva para “beneficiarla económicamente”. Dentro de este plan, agrega, se adjudicó la realización de encuestas a la empresa Imesapi para pagar la nómina de esta persona. La empresa tenía “relacions habituales” con la administración local, lo que, según el texto, iba a permitir que “no se pusieran trabas” a las cantidades que reclamase.

El Supremo asegura que se pagó una retribución mensual a la cuñada de Carmela Silva con cargo a los fondos municipales “por unos trabajos que no realizó”. Hubo en total nueve expedientes administrativos para nueve contratos menores con Imesapi. Los servicios contratados “se fraccionaron” en estas nueve partes para “evitar las formalidades y controles legales”, añade. La sentencia considera que el condenado fue “quien ideó el plan que llevaría al desplazamiento de dinero municipal” a través de Imesapi y con unos trabajos que nunca realizó la cuñada de Silva.